Mª José garcía, diputada autonómica de Ciudadanos.El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en les Corts Valencianes ha instado al Consell que exija una solución al Gobierno para la reanudación de las obras de construcción de un ascensor en la estación de Renfe de Silla (Valencia) que garantice la total accesibilidad de las personas con discapacidad a esta parada.
Para ello, la diputada Maria José García ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se recoge, como ha explicado García, "la obligación de los poderes públicos de habilitar las infraestructuras urbanas a todos los usuarios, cumpliendo con los deberes de inclusión de las personas con discapacidad, y, en este caso, de aquellas con problemas de movilidad física o sensorial".
La portavoz de Obras Públicas ha recordado que los trabajos para dotar de un ascensor a esta estación se licitaron y arrancaron en 2014 con un presupuesto de 1,7 millones de euros,"y deberían haber durado apenas 10 meses".Sin embargo, García ha alegado que el Ministerio de Fomento paralizó las obras"sin motivo aparente y, a fecha de hoy, todavía no se conocen las razones".
"Solicitamos que el Consell se pronuncie de alguna manera, explicando los motivos que ha dado el Ministerio para bloquear el proyecto y que se plantee cuál es el futuro de estas obras", ha apelado la diputada, quien, tras reunirse con vecinos, usuarios de la estación, y el portavoz de Cs en el municipio, Juan Fuster, ha trasladado"el malestar que reina en la localidad, cuya estación sirve de transbordo para los miles de viajeros que a diario se trasladan desde Valencia y Gandía hacia otras poblaciones".
"Exigimos que la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes estudie esta situación y opte por apoyar esta iniciativa para que se retomen las obras. Además, durante su desarrollo, esperamos que se adopten las medidas necesarias que acaben con las barreras que actualmente impiden el desplazamiento de todos los usuarios de manera autónoma", ha añadido García.
La diputada ha insistido en que esta exigencia no responde a un"mero capricho de la ciudadanía", sino que se trata de una situación"en la que se está vulnerando la igualdad de derechos y a la que urge poner fin porque discrimina injustamente a un sector de la sociedad".
