El sindicato CSI·F ha convocado paros parciales en todas las sedes de las jefaturas provinciales de tráfico (DGT), entre ellas las de Alicante, Castellón y Valencia, además de en la Oficina Local de Tráfico de Alzira. Los paros tendrán lugar mañana martes 30 de julio, de 12.00 a 12.30 horas. Los empleados se concentrarán en la puerta. El motivo consiste en reclamar más seguridad para los trabajadores, rechazar la privatización y externalización de algunos servicios y pedir recuperar los derechos de los empleados públicos perdidos, además de mejoras de la operatividad laboral.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que en la provincia de Valencia la situación de los 29 examinadores y tres coordinadores de exámenes de la Jefatura Provincial ha empeorado con el nuevo modelo examinador, que obliga a decir oralmente la nota al examinado. Además, en los últimos dos años ha disminuido un 20 por ciento la plantilla. La media de edad supera los 51 años y no existe una formación ágil para cubrir vacantes.
El sindicato destaca que personal como examinadores de tráfico o funcionarios de ventanilla soportan cada vez con más frecuencia amenazas, insultos e incluso agresiones. CSI·F recuerda que en muchos casos el motivo de las visitas a Tráfico lo constituye la obligación de pago de tasas y multas, lo que provoca episodios desagradables que hacen del trabajo diario, en algunas ocasiones, un desgaste psicológico en los empleados públicos. Lo mismo ocurre con el personal examinador de las pruebas para la obtención del carné de conducir. Este colectivo de trabajadores se ve obligado, con el nuevo reglamento, a notificar los suspensos directamente al aspirante.
La central sindical solicitó por escrito a la Dirección Provincial de Tráfico de Valencia que habilitara lugares seguros para la comunicación al alumno del resultado de la prueba sin temor a que pueda producirse una reacción agresiva e incluso violenta, como ha ocurrido en ciertos casos.
El sindicato CSI·F, mediante esta convocatoria que afecta a alrededor de 240 empleados públicos en la provincia de Valencia y a unos 4.300 en toda España llamados a secundar los paros, pretende reivindicar la falta de seguridad de los trabajadores de la DGT y el deterioro de las condiciones laborales de estos empleados por la aplicación de numerosos recortes.
