El sindicato CSIF ha presentado hoy denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia "contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables". El sindicato señala en el escrito ante el juzgado que la falta de protección al personal sanitario podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) relata en la denuncia interpuesta que "en fecha 31 de enero de 2020, CSIF presentó escrito dirigido a la Consellera de Sanitat en el que le requería a informar al personal que presta servicios en instituciones sanitarias sobre los pasos a seguir y el protocolo que esté elaborando ante la propagación del coronavirus, así como a suministrar los equipos de protección individual (EPI) que correspondan para garantizar la seguridad de los empleados públicos".
CSIF continúa explicando en su escrito que "ante la inactividad de la Conselleria de Sanitat, el sindicato presentó un nuevo escrito a la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud laboral de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, el día 27 de febrero de 2020, antes de la celebración de la reunión de esa comisión. En este documento se reitera lo expuesto en el 31 de enero de 2020 y se deja constancia, además, de algunos centros concretos en los que faltan medidas de protección o éstas son insuficientes. En la misma línea se presentó escrito a la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud laboral, en fecha 5 de marzo de 2020".
La central sindical recalca que "a pesar de las recomendaciones de la OMS, de la declaración de emergencia sanitaria internacional, de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto, y de los escritos presentados por CSIF, Conselleria de Sanitat incurrió en una evidente inactividad".
El sindicato subraya que esa inactividad "se constata de manera evidente y se pone de manifiesto con la falta absoluta o la ineficacia de los medios de protección puestos por dicha Conselleria a disposición del personal que presta servicios en instituciones sanitarias. Esta falta de medios es pública y notoria, y ha dado lugar a un elevado número de contagios entre profesionales sanitarios e incluso al fallecimiento de varios de ellos. Este personal infectado representa más del 15% del total de casos de contagios en la Comunidad Valenciana".
CSIF recuerda en la denuncia que "la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".
La central sindical hace hincapié en que "tal obligación está siendo incumplida de manera palmaria por la administración denunciada desde el primer momento de enfrentar la epidemia. Como consecuencia de su inactividad y falta de previsión pese a los antecedentes que conocía o debía conocer, ha provocado que sus profesionales sanitarios hayan estado y estén trabajando con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo y aquellos otros medios que se les ocurre agudizando su ingenio para protegerse frente al Covid-19 y evitar la propagación de la enfermedad ante la pasividad de la Administración".
El sindicato recalca que en esta crisis sanitaria "la administración denunciada no ha hecho entrega de EPIs ni del resto de material como mascarillas FFP2 y FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos, que permita trabajar a sus empleados en condiciones de protección de su derecho a la salud e integridad física, a fin de evitar ser contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren y evitar la propagación de la enfermedad"
CSIF esgrime que esa inacción de Conselleria "podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por omisión tipificado en el artículo 404 del Código Penal, de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en los artículos 316, 317 y 318 del Código Penal, así como de tantos delitos de lesiones y homicidios imprudentes como trabajadores hayan resultado contagiados o fallecidos por el virus COVID-19, como consecuencia de la inacción y falta de previsión de la administración sanitaria autonómica".
El sindicato recuerda el drama que han supuesto "la inactividad e imprevisión de la Conselleria de Sanitat, desatendiendo las instrucciones de la OMS y del propio Ministerio de Sanidad, al no haber facilitado a sus trabajadores los medios de protección necesarios para la seguridad. Ha llegado hasta el punto de ocasionar entre sus profesionales un elevadísimo porcentaje de afectados por la infección, que ha sido causa de graves lesiones y del fallecimiento en algunos casos".
