Doble página sobre Sancho que publicó El Periódico de Aquí el 11 de marzo de 2016. INFOGRAFÍA A. GARCÍACanet d'En Berenguer asiste en los últimos meses al desmoronamiento de un sistema instaurado hace más de dos décadas. En la planificación fueron claves dos figuras, la del secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, y la del que fuera alguacil y técnico de Escuelas, en un departamento clave como el de Contratación, Salvador Vidal, y un puñado de empresarios de la construcción, que se hicieron millonarios a costa de comprar con información privilegiada suelo rústico que después se transformaba en urbano.
20 años después de desarrollo urbanístico salvaje, Canet ha visto cómo entraba en la cárcel Sancho Sempere por la 'trama de las asesorías' y está pendiente de volver a hacerlo por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, tras ser condenados ambos a 2 años de prisión; la confirmación de una sentencia contra el funcionario Abel Asins por apoderarse de 72.776 euros de la recaudación municipal; y una batalla judicial contra la Academia Valenciana de Juristas, empresa dominada por Sancho y que ha llevado los asuntos jurídicos del Consistorio hasta que el PP rompió el contrato, y que, aunque está envuelta en la 'trama de las asesorías', el gobierno municipal deberá pagarle 200.000 euros que le reclama por los servicios prestados.
Y es que, de aquellos polvos (urbanísticos), estos lodos (judiciales), que amenazan con bloquear un Ayuntamiento que está digeriendo la salida abrupta de su secretario municipal y que obligan a hacer una reflexión colectiva respecto a las bases sobre las que se ha construido el propio entramado funcionarial del Consistorio y el modelo de ciudad de Canet d'En Berenguer.
DESARROLLO URBANÍSTICO
La madre de todos los corderos tiene que ver con el ladrillo y la burbuja inmobiliaria. Canet, un municipio de tradición agrícola, se convertía en dos décadas en una potencia turística, a base de un modelo urbanístico impropio para un partido de izquierdas que lograba mayorías absolutas gracias al tirón personal de Enrique Altabella, genio y figura. Del Partido Comunista, primero, y después de EU, Altabella entendió que la recalificación de suelo rústico en urbano para construir hoteles y cientos de bloques de apartamentos, suponía un beneficio directo para decenas de familias de la localidad. La política urbanística la enfrentó con la dirección de EU en el Camp de Morvedre y Sagunt, mientras que la ejecutiva de Valencia, comandada entonces por Joan Ribó, actual alcalde de Valencia, desoyó las quejas de la dirección comarcal. En el proceso fue fundamental el trabajo del secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, quien debía velar por la legalidad, así como del alguacil, Salvador Vidal, mano derecha de Sancho y quien ha terminado en un departamento clave en el Ayuntamiento, el de la Contratación, junto a otra hija de Sancho, Carmina, ahora inmersa en un litigio con el propio Consistorio, que le reclama unos 4.000 euros cobrados de más.
Un grupo selecto de empresarios, algunos con información privilegiada, desarrollaron el urbanismo salvaje. Entre ellos, algunos obtuvieron concesiones por 75 años en condiciones muy ventajosas. Uno de ellos, como Juan José Sánchez, ha llegado a ser administrador único de Millena III Milenio, una de las empresas de Sancho que está siendo investigada por la justicia dentro de la 'trama de las asesorías', firma que adquirió un apartamento propiedad de Sancho en Canet y que contrató a varias personas que hoy son funcionarios en el Consistorio.
ABEL ASINS
Otro de los casos más sangrantes es el de Abel Asins, funcionario del Consistorio de Canet al que la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años y tres meses de inhabilitación por un ''delito continuado de malversación de caudales públicos'' y apropiación de 72.776 euros a través del cobro de licencias y tasas a empresas que después no ingresaba en la cuenta del Ayuntamientomo. Así lo hizo durante varios años a partir del 2000. El expediente iniciado por el Ayuntamiento cuando se descubrió el robo estuvo plagado de errores. En los servicios jurídicos estaba la Academia Valenciana de Juristas y el secretario municipal, José Antonio Sancho, era el que debía velar por la legalidad. Sin embargo, no evitaron el empastre. Como consecuencia, Asins llegó a ganarle un contenicoso administrativo al Ayuntamiento por aplicarle incorrectamente una suspensión de sueldo y empleo. Ello le permitió seguir cobrando de las arcas municipales sin ir a trabajar. Han sido diez años de despropósitos, iniciados cuando se nombraron instructores del expediente contra Abel Asins a políticos -entre ellos Ximo Pons, portavoz de Compromís-, cuando debían ser funcionarios. El único perjudicado de verdad ha sido el Ayuntamiento y, por tanto, los vecinos de Canet.
