El pleno de Les Corts ha debatido este lunes la ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, en la que se ha evidenciado la diferencia de posturas entre el Botànic y la oposición, pero no se votará hasta el jueves debido a un recurso de Vox sobre el procedimiento de votación.

El primer pleno que se celebra desde la declaración del estado de alarma se ha suspendido dos veces para tratar cuándo se votan los puntos del pleno, ya que Vox ha recurrido el acuerdo de votar por el sistema ponderado -por el que un diputado lo hace en nombre de todo el grupo, ya que las medidas ante el coronavirus limitan la presencia de parlamentarios-, al entender que vulnera los derechos de los diputados.

Finalmente, este punto y todos los demás que conforman el orden del día del pleno se votarán en la sesión del próximo jueves, de manera presencial por quienes estén en el hemiciclo, y de manera telemática para quienes estén en casa.

La nueva ley del Juego sustituirá a la vigente de 1988 y fijará distancias mínimas entre los salones de juego y locales de apuestas y los centros escolares; obligará a que las máquinas tragaperras se activen por un sistema de control remoto, y establecerá controles de admisión para impedir la entrada de menores y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego.

El diputado socialista José Muñoz ha defendido que esta ley es "equilibrada", fruto del diálogo social y no supondrá la pérdida de puestos de trabajo -aunque en el sector calculan que afectará a 2.500 personas-, como en su día se dijo de la ley del tabaco y no ocurrió, y ha lamentado que en el exterior de Les Corts se haya hecho una concentración para "condicionar" la "voluntad" de los parlamentarios.

Graciela Ferrer, de Compromís, ha defendido la necesidad de sustituir una ley "obsoleta", después de que en los últimos seis años se hayan duplicado los salones de juego, triplicado las casas de apuestas e incrementado el juego patológico, y ha lamentado que la derecha no esté "a la altura" y se dedique a defender "los intereses particulares de unos pocos".

Ferran Martínez, de Unides Podem, ha indicado que, pese a que se ha intentado "por todos los medios" que no se debatiera la norma por la "presión de los lobbies", saldrá adelante porque es "necesaria, urgente y la sociedad lo exige", y además permitirá tener la regulación "más avanzada de España".

Desde el PP, Rubén Ibáñez ha acusado al Botànic de no haber hecho "nada" en cinco años para que no aumente la ludopatía y de traer una norma que es "una imposición, un trágala de la Administración hacia los administrados y una moratoria en los derechos que se quiere proteger", y que contiene una "fuerte ideología y clasismo".

La diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha tachado la ley de "chapuza legislativa" y de "injusta e hipócrita", que no da soluciones a los ciudadanos "de a pie", tendrá efectos "demoledores en la economía para lo efectiva que va a ser" y que se basa en "intervenir en exceso" y en "prohibir".

El diputado de Vox José María Llanos ha anunciado que se abstendrán, porque es necesario regular el juego y esta norma no se puede aceptar ni rechazar "en su integridad", aunque cree que "no es el momento" de tramitarla, porque puede suponer un "duro varapalo" para muchos negocios y existe un "unánime clamor popular" sobre la "inconveniencia" de aprobarla ahora.