Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010.
Las investigaciones han durado varios años, durante los cuales se han analizado más de 750 cuentas bancarias, lo que ha permitido relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos y ha detenido a 66 integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas.
Más de cinco años de investigaciones
La fase de actuaciones previas a la explotación del operativo arranca en 2010, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en País Vasco comienzan a investigar a uno de los sujetos implicados por presuntos signos externos de riqueza generados por el fraude fiscal y blanqueo de capitales. Fruto de aquellas actuaciones previas ya se detectaron vínculos con la sociedad radicada en San Sebastián a la que los investigadores han acabado atribuyendo el papel de facilitador en el entramado, a través de la puesta a disposición de los clubes de las Terminales Punto de Venta (TPV) que utilizaban para el fraude y posterior blanqueo.
Posteriormente se detectaron también diversos comentarios en foros de internet donde las esposas de presuntos clientes de estos clubes señalaban sus sospechas sobre la ocultación de pagos con tarjeta de crédito en estos establecimientos, llegando a citar el nombre de la sociedad que figuraba como receptora de dichos pagos, sociedad que coincide con la 'facilitadora' de los TPV y gestora de los cobros con estos terminales.
En 2012, las investigaciones iniciadas confluyen con las que paralelamente estaba ya desarrollando sobre la empresa guipuzcoana la UDEF de Policía Nacional. Además, ante la necesidad de contar con policías especializados en las actividades delictivas en las que operaban las organizaciones, en el año 2013 se sumó a la investigación la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos que, a su vez, había comenzado también meses atrás a investigar una de las organizaciones criminales implicadas. Todas estas investigaciones preliminares llevaron a la judicialización de los hechos conocidos en el Juzgado 4 de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Cinco organizaciones criminales con un único nexo de unión
El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos. Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10% que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales.
La mayor parte del dinero que se ingresaba en dichas cuentas era retirado posteriormente por esos apoderados a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba enormemente el rastreo del origen del dinero.
Tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban las operaciones supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban.
Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros.
Beneficios obtenidos de la explotación sexual
La mayoría de las mujeres explotadas eran ciudadanas extranjeras que procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotan.
En los clubes en los que ejercían la prostitución, eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndolas criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos) y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala.
Además, eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes controlados por cada organización, lo que permitía renovar la oferta en los locales para así captar y fidelizar a una clientela que vería la oferta de mujeres renovada continuamente.
Los encargados de cada club tenían un papel absolutamente protagonista, pues eran los responsables de hacer que el dinero obtenido de la explotación de las mujeres fluyera hasta llegar a los máximos responsables de cada organización.
Cada organización tenía su propia forma de actuar
Cada entramado tenía sus propias especificidades. Así, uno de ellos había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes, obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir así las posibles responsabilidades ante una posible inspección o actuación policial.
Otra organización, extremadamente violenta, mantenía sometidas a las mujeres aprovechando el miedo que su máximo responsable las infundía, obligándolas a ejercer la prostitución con continuas palizas y amenazas.
Otra trataba de ocultar la relación empresario-empleada mediante pretendidas propinas que los clientes supuestamente dejaban a las mujeres cuando las invitaban a una copa, como pago por su compañía.
Pero también tenían cosas en común. Todos los clubes funcionaban por el "sistema de plaza" y seleccionaban a las mujeres según los perfiles deseados por los responsables, llegando a rechazar a algunas por pertenecer a determinada etnia o raza.
Con el tiempo, la operativa seguida por las organizaciones había evolucionado, llegando, en ocasiones a sustituir el uso de TPVs específicos por auténticos dispensadores automáticos de dinero similares a los utilizados por las entidades bancarias, así como a dejar de valerse del grupo empresarial facilitador y empezar a operar de forma autónoma en alguna de sus operaciones, valiéndose de los conocimientos acumulados durante su relación con el mismo.
La operación se ha llevado a cabo por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Vizcaya y la Oficina Nacional del Investigación del Fraude y la UCAI de la Agencia Tributaria. Además, han colaborado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante, Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra, UIP, Guías Caninos y GOIT, y delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia.
En el transcurso de la misma se ha procedido al registro de 14 clubes de alterne y 21 domicilios físicos y jurídicos, y se ha detenido a 66 personas, integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas, habiéndose localizado a 349 potenciales víctimas de explotación en los clubes.
Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.
Con la trata no hay trato
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013 y que motivó la activación de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. A lo largo de la primera fase, -de abril de 2013 a diciembre de 2014-, se realizaron 462 operaciones que se saldaron con 1.450 detenidos y 11.751 víctimas potenciales detectadas, hubo 3.379 contactos con ONG e instituciones que acogieron a 774 víctimas y se incautaron 29 millones de euros fruto de las investigaciones patrimoniales llevadas a cabo.
Dentro de la II Fase de este plan, que comenzó en enero de este año, la Policía Nacional ha puesto en marcha la mayor campaña de concienciación en redes sociales y medios de comunicación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Con el claim "Con la trata, no hay trato. Denúncialo", la Policía está promoviendo la inclusión de vídeos y carteles en prensa escrita, radio y televisión que favorezcan la implicación social de todos los ciudadanos y especialmente de los clientes potenciales de estos servicios, contra los delitos cometidos por las redes que trafican con personas para su prostitución.
La operación se ha llevado a cabo por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Vizcaya, las Dependencias Regionales de Inspección e Informática del País Vasco y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la UCAI de la Agencia Tributaria. Además, han colaborado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Barcelona, Murcia, Alicante, Navarra, Málaga, Zaragoza y Pontevedra, UIP, Guías Caninos y GOIT, y delegaciones de la Agencia Tributaria en Cataluña, Murcia, Navarra y Valencia.
