Imagen de archivo de parte de un material incautado en una operación policial. EFE-Toni GarrigaUn grupo interdisciplinar de la Agencia Tributaria y varios cuerpos policiales ha detenido a siete personas en Cataluña y la Comunitat Valenciana como presuntos integrantes de una banda internacional, que se da por desarticulada, dedicada al tráfico de armas y explosivos y que blanqueó en España más de diez millones de euros.
Un comunicado emitido este sábado por la Agencia Tributaria informa de que en la investigación, iniciada en 2018, han participado miembros de este organismo, la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Europol, coordinados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Los detenidos en las provincias de Barcelona, Valencia y Alicante -ucranianos, letones y españoles- conformaban una banda internacional que fletaba buques mercantes para el transporte ilegal desde Europa a países africanos de explosivos y armamento, incluidos carros de combate, y que blanqueaba el dinero de sus operaciones procedente de paraísos fiscales, con un entramado empresarial radicado en Cataluña y la Comunitat Valenciana.
El comunicado destaca que una guerra interna dentro de la organización creó una fisura en las medidas de seguridad que aplicaba el grupo para ocultar el contrabando de armas y blanqueo de capitales, actividades que dirigía desde las localidades de Gavá (Barcelona) y de Calpe (Alicante).
En el enfrentamiento, los líderes del grupo se amenazaron y se extorsionaron entre ellos por conseguir el control de las rutas marítimas con las que enviaban, desde España, armas rusas procedentes de Ucrania a países del norte de África y Oriente Medio, especialmente zonas en conflicto sometidas a embargos internacionales.
La disputa entre los líderes derivó en una escisión de la banda en dos grupos, que continuaron con las actividades delictivas.
Los detenidos enviaban las armas dentro de cargueros fletados desde España junto a otro armamento de origen lícito, camuflando así la procedencia del cargamento ilegal.
La policía constató en la investigación "la capacidad operativa de carácter internacional" de la organización para realizar "este tipo de operativas complejas", que incluso planificó la fuga del capitán de uno de los cargueros detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas, y que llegó a transportar carros de combate en los barcos.
La organización consiguió con estas actividades importantes cantidades de dinero, que introducía de nuevo en el sistema económico español tras blanquearlo con un entramado que partía de los paraísos fiscales en los que domiciliaban los cargueros que usaban.
Posteriormente, el grupo transfería ese dinero a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente en Suiza y Reino Unido. Desde estos países, y por medio de sociedades mercantiles creadas por la organización, se traía el dinero a España para una actividad comercial lícita y real.
La operación policial se llevó a cabo el martes en las provincias de Valencia, Alicante y Barcelona, en las que se practicaron siete entradas y registros domiciliarios y se intervino importante documentación económica, equipos informáticos y dinero en efectivo.
Tres de los detenidos, líderes de la organización, pasaron a disposición del titular del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.
El juez también ordenó el embargo de 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros. En conjunto, el patrimonio intervenido supera los diez millones de euros.
Por la complejidad de las operaciones de la banda, para esta investigación se creó un grupo de trabajo multidisciplinar con expertos en el campo económico, armamentístico, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional.
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