Divalterra, empresa
dependiente de la Diputación de Valencia, creó un consejo de dirección
que no estaba reflejado en sus estatutos y actuaba al margen del consejo
de administración responsable del gobierno de la sociedad, según
concluye un informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal (Udef).
El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido
remitido al Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga
la supuesta contratación fraudulenta de nueve "enchufados" en
Divalterra, que habrían cobrado más de dos millones de euros a lo largo
de la legislatura, según los policías.
La operación policial que
en junio de 2018 destapó el caso descabezó la Diputación de Valencia y
llevó a la detención de su entonces presidente, el socialista Jorge
Rodríguez -ahora ya fuera del PSPV por este caso-, y algunos de sus más
estrechos colaboradores.
En el informe policial se revelan
documentos encontrados tras el análisis del móvil de Rodríguez, en los
que se menciona la existencia de dicho órgano, "que realizaba las
funciones que estatutariamente le correspondía al consejo de
administración".
Igualmente, en el móvil del asesor de la
Diputación Manuel Reguart, también investigado en esta causa, se
encontró un calendario de fechas para reuniones del consejo de
administración y otras para el consejo de dirección.
"Parece
quedar acreditado la existencia de un órgano denominado consejo de
dirección de Divalterra, que resulta ser ajeno totalmente a la
estructura interna de la sociedad, sin que conste su composición y sus
funciones en los estatutos de la misma".
Los policías dicen que
en conversaciones a través de WhatsApp de otros de los investigados
"queda claro" que existe dicho órgano paralelo, al que llaman "consejo
de administración político", que se celebra "con asiduidad" y "en el que
participan los partidos políticos que forman el pacto de gobierno y
deciden lo que se tratará en el consejo de administración".
El
dossier de la Udef incluye documentos que muestran "la incertidumbre
jurídica respecto a la contratación de altos directivos".
Reproduce
conversaciones de WhatsApp de Rodríguez con Reguart, en las que el
asesor le dice que son seis "los puestos de alta dirección de Imelsa que
quieren contratar, sueldo 50mil" y él responde que eran cuatro y añade:
"Esto es una barbaridad porque además nosotros solo tenemos dos
chorradas de medio ambiente. Compromís se quedad de nuevo Turismo y
ahora suma Promoción Económica".
Según la Udef, otro dato que
confirma que los contratos de alta dirección "no cumplían los requisitos
necesarios" y que demuestra "el conocimiento" que los investigados
tenían del asunto es otra conversación de móvil en la que se dice que no
se aprecia que se "vinculen los altos cargos a las encomiendas" y que
será su "función" encontrarlas.
Los policías consideran que "hay
varias personas que no ven que se vinculen los altos cargos a las
encomiendas establecidas en Divalterra para realizar dichas funciones de
alta dirección".
Las conclusiones de la Udef apuntan que en los
efectos intervenidos a los investigados Jorge Cuerda y Xavier Simón
aparecen informes jurídicos de los contratados y en "la mayoría" se
indica que "no deben ser considerados" como de alta dirección sino como
"una relación laboral común", que debería haberse regido por los
principios del Estatuto Básico del Empleado Público.
Por tanto,
ambos "no pueden justificar que no estaban informados de la problemática
que existía en la contratación" y, a juicio de los policías, "se
evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las
contrataciones de los directivos como personal de alta dirección,
buscando realizar contrataciones ad hoc".
Además, el informe
señala que el denominado "consejo de dirección político deja al margen
de las decisiones tomadas en Divalterra a los partidos de la oposición,
PP y Ciudadanos".
El dossier de la Udef también informa de
donaciones por parte de algunos de los altos cargos de Divalterra a sus
respectivos partidos políticos (PSPV-PSOE y Compromís) y aporta
resguardos de algunas trasferencias.
Categorías de la noticia
Quizá te interese
Agentes de la Policía Nacional custodian la entrada de la empresa pública Divalterra. EFE-Archivo
