Sancho entrando a declarar en el juzgado de Sagunto antes de ser encarcelado. FOTO PERE VALENCIANOEl Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer está bajo sospecha y centra una de las ramas de la amplia investigación que se lleva a cabo en el juzgado número 12 de Valencia y que motivó que hace ahora justo seis meses ingresara en prisión provisión y sin fianza el entonces secretario municipal de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho, junto al interventor del Consorcio de Museos, dependiente de la Diputación, Rafa Parra. En concreto, la justicia ha puesto el acento en la Academia Valenciana de Juristas -que ha llevado los servicios jurÃdicos hasta que el PP ha rescindido el contrato tras el ingreso de Sancho en la cárcel-; la concesión de la gestión del agua a Egevasa por un periodo de 25 años; y el Consorcio Pangea, del que fue secretario Sancho y que se encargaba de gestionar subvenciones de inmigrantes.
El caso ha supuesto una vasta investigación en una veintena de administraciones públicas, entre ellas Canet d'En Berenguer, La Pobla de Farnals -donde en diciembre desfilarán una veintena de funcionarios y polÃticos- o San Antonio de Benagéber. En este último Consistorio, Sancho era hasta que entró en prisión, el abogado del mismo, dada su estrecha relación con el ex alcalde del PP, Eugenio Cañizares.
De Canet, hasta la fecha, ya han ido a declarar dos ex alcaldes, Amparo Mañó, de Esquerra Unida, y Octavio Herranz, del PSPV. La primera vez lo hicieron ante la Guardia Civil y recientemente, como adelantó El Periódico de AquÃ, como denunciados, en el propio juzgado, acompañados por abogado. DÃas después lo hizo el actual alcalde del PP, en esta ocasión como testigo.
Lo que la justicia ha comenzado a investigar es si determinadas empresas cobraban por trabajos inexistentes o si las facturas presentadas estaban infladas. Junto a la Academia, que es considerada como un 'chiringuito' de Sancho, se encuentran otras, como la que pegó un pelotazo con el parking de Mercadona, uno de cuyos socios era uno de los tres fundadores de la Academia de Juristas.
Precisamente, el mismo, José Ramón Llopis Cotanda, aparece en actas del Consorcio Pangea como secretario accidental. ¿Qué era Pangea? Era un Consorcio formado por algunas administraciones públicas, entre ellas los Ayuntamientos de Canet o el de Rafelbunyol, en el caso de la Comunitat Valenciana, que se encargaba de tramitar subvenciones europeas para inmigrantes.
El representante del Consistorio de Canet en el mismo era el ex concejal del PP, Carlos Julián, al que se le abrieron las puertas como informático en algunas de estas administraciones. Tras su disolución, todo el material y la documentación del Consorcio fueron distribuidas en dos lugares públicos del Ayuntamiento de Canet, la Casa de Llanos y el almacén municipal del PB2. A ambos sitios han acudido en dos ocasiones agentes de la Guardia Civil a recoger información.
La Academia Valenciana de Juristas vuelve a aparecer en ambas investigaciones: en el caso del contrato de 25 años a Egevasa -que incumplió lo principal, la construcción de una planta de ósmosis-, la Academia hizo el informe jurÃdico favorable a esta empresa; mientras que en el caso del asesoramiento a inmigrantes, el ex secretario de la AVJ, José Ignacio Maruenda, recibió 12.000 euros por asesorar a 25 inmigrantes en el año 2011, tramitados por el funcionario Ximo Cruz, con fondos europeos recibidos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Miquel Rubio, inocente
Han tenido que pasar cuatro años para que el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer reconozca que el ex trabajador, Miquel Rubio, es inocente de las acusaciones que se le hicieron y que motivaron su despido fulminante. Los nuevos servicios jurÃdicos del Consistorio -tras la recisión del contrato a la Academia Valenciana de Juristas- habÃan recomendado al equipo de gobierno cerrar este capÃtulo, reconociendo el despido como improcedente y retirando la demanda penal. Este ha señalado en su cuenta de Facebook la satisfacción, después de cuatro años de silencio por prudencia: ''Sense cap culpa, retirant la demanda contra mi i reconeixent l'acomiadament improcedent... Només han fet falta 4 anys perquè l'Ajuntament de Canet d'En Berenguer ho reconeguera en seu judicial''.
Miquel Rubio era técnico de Juventud cuando recibió la notificación. Se le acusaba de haber hackeado el mail de otro funcionario y haber remitido a los medios de comunicación un correo electrónico suyo enviado a otra funcionaria del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, a la que describÃa los perfiles de funcionarios y polÃticos del equipo de gobierno de la legislatura 2007-2011.
La Academia Valenciana de Juristas llevó el caso e incluso el propio secretario municipal, José Antonio Sancho, se hizo cargo después como abogado.
La fiscalÃa dio la razón en todo momento al trabajador, por lo que el acuerdo alcanzado entre ambas partes evita aumentar el desembolso que tendrá que hacer el Consistorio a este trabajador, a quien despidieron sin razón. Rubio es inocente.
