El alcalde de Quartell, a su llegada a los juzgados de Sagunt. EFELa investigación sobre el caso de corrupción del ex conseller de
Gobernación, el actual delegado del Gobierno de la Comunitat
Valenciana, SerafÃn Castellano, ha salpicado a la comarca del Camp
de Morvedre. El alcalde de Quartell, Paco Huguet, también ha sido
detenido tras un registro de su domicilio esta misma mañana. AsÃ
mismo, según fuentes municipales, la PolicÃa ha registrado los
ayuntamientos de Quartell y Alfara de la Baronia dentro de las
investigaciones. Esta tarde, Huguet ha pasado a disposición judicial donde prestará declaración ante la titular del juzgado número 1.
Huguet, hombre de confianza de SerafÃn Castellano, es el responsable de relaciones institucionales y dirige las cuentas de la empresa Avialsa, que tiene su domicilio en Sagunto. Dicha mercantil es la que el ex conseller de Gobernación concedió los contratos de extinción de incendios por un valor de más de 33 millones de euros.
Anticorrupción investiga desde el pasado mes de octubre la vinculación de Castellano con Avialsa y si recibió regalos para favorecer a Vicente Huerta, presidente de esta mercantil. Huguet, hombre de confianza de Castellano, trabaja desde hace ocho años con Vicente Huerta.
Según fuentes judiciales, el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, en funciones de guardia, dirige una operación en la que se están practicando distintos registros y en la que se han detenido, hasta el momento, a nueve personas. Una de las personas detenidas es el delegado del Gobierno, SerafÃn Castellano, como ya ha comunicado este periódico en su edición Comunitat esta mañana, y la otra es el alcalde de Quartell, Paco Huguet, por su vinculación con la empresa y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
El Periódico de Aquà ha intentado ponerse en contacto con Huguet a través de sus dos teléfonos móviles, pero aparecÃan ''apagados o fuera de cobertura''.
PAI Nova Alfara
La documentación que han recogido los dos agentes judiciales del ayuntamiento de Alfara de la Baronia está relacionada con el PAI NOva Alfara que presentó en 2006 la UTE Nova Alfara cuyo gerente era Franscisco AlandÃ, mano derecha de Vicente Huerta, y quien confirmó a FiscalÃa los regalos como el rifle. Este PAI, que se paralizó en la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda porque requerÃa una recalificación de suelo que nunca fue aprobada por el organiso autonómico, implicaba la construcción de más de 3.000 viviendas en una parcela de cerca de dos millones de metros cuadrados.
La UTE Nova Alfara estaba formada por las empresas Consrocas, con domicilio en Puerto de Sagunto, y la empresa Avitractor, cuyo domicilio es el mismo que el de la empresa Avialsa, empresa que presuntamente favoreció SerafÃn Castellano en la adjudicación de los contratos de extinción de fuegos.
También se ha requerido información sobre el PAI Residencial Alfara.
En la cédula de requerimiento a la que ha tenido acceso El Periódico de AquÃ, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sagunto ha requerido al alcalde de Alfara de la Baronia que ''se proporcione a los funcionarios de policÃa judicial adscritos a la Brigada de Investigaci9ón de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF Central expediente completo, sobre los PAI NOVA ALFARA y PAI RESIDENCIAL ALFARA, incluyendo resoluciones del pleno del Ayuntamiento, de la Junta de Gobierno y del alcalde, con las votaciones realizadas al respecto, incluyendocualquier acta o certificación emitida por el secretario del Ayuntamiento para incluir en documentos elevados a público''.
El segundo PAI investigado, el Residencial Alfara, tenÃa como administrador único a Domingo Muñoz, quien se hizo cargo de Tele 7 Calderona cuando se la vendió Andrés Selma. Se trata de un PAI en el que se construyeron 80 viviendas con una inversión de 12 millones de euros. Un proceso que nació con polémica, ya la adjudicación a la empresa Residencial Alfara se publicó en el Diario Oficial de la Provincia sólo tres años de entregarse las llaves. En su dÃa, el propio Domingo Muñoz explicó que la adjudicación de un Plan de Actuación Especial comenzó cuatro años antes, pero al iniciarse los cambios en el PGOU se solicitó transformar en un PAI.
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