La Delegación del Gobierno ha anulado el requisito económico de los aspirantes a las bolsas de empleo auspiciadas por el Ayuntamiento de Serra al considerar que contravienen los principios de "igualdad, méritos y capacidad". El consistorio ha lamentado la decisión de la delegación ya que perjudica, especialmente, a aquellas personas con más problemas sociales y económicos.
La orden de la Delegación del Gobierno impide desde ahora tener en cuenta los criterios de "antigüedad del demandante de empleo, la renta de la unidad familiar, las responsabilidades a cargo de la persona, padecer algún tipo de discapacidad o la discriminación positiva hacia la mujer" a la hora de baremar las solicitudes recibidas en cada bolsa de trabajo al entender que son contrarios a derecho.
El alcalde de Serra, Xavier Arnal, ha calificado de "despropósito" la negativa de la Delegación "a tener en cuenta que aquellas personas con más problemas son, justamente, las que necesitan mayores facilidades por cuanto su situación social, familiar y económica le crean más trabas para encontrar un empleo en la actual coyuntura, pero parece que al Partido Popular esto le importa más bien poco; desde el equipo de gobierno de Serra siempre hemos estado al lado de los más desfavorecidos a pesar de las zancadillas que recibimos regularmente por parte del gobierno central o autonómico".
Las bases de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Serra se aprobaron en marzo de 2012 y en ellas se establecían algunos de los requisitos y criterios a sopesar a la hora de adjudicar los puestos de trabajo que surgen anualmente en los diversos departamentos y servicios municipales. En ellas se otorgaba preferencia hacia aquellos aspirantes interesados en cubrir un puesto de trabajo que tuviesen mayores problemas económicos o dificultades sociales. Sin embargo, la Delegación del Gobierno no ha tenido en cuenta la justificación del consistorio.
El alcalde de Serra subraya que el PP "muestra una vez más su indiferencia ante las circunstancias sociales que nos rodean obviando que en la gestión política, especialmente en la administración local, a veces hay que aplicar flexibilidad sin que ello signifique, en absoluto, infringir las leyes vigentes; se trata, en la mayoría de las ocasiones, de hacer prevalecer el valor de la justicia sobre la aplicación rígida y objetiva de la normativa a través de una interpretación ponderada de la norma".
Arnal deplora la "doble moral" que emplea el Partido Popular desde las instituciones que controla "pues se dedica a despojar y maltratar aquellos programas y planes dedicados a las familias con personas dependientes pero al mismo tiempo anula las iniciativas que desde algunas administraciones públicas otorgamos hacia aquellos colectivos que lo están pasando peor por la grave crisis económica; sin embargo, desde el PSPV pensamos que las fuerzas progresistas debemos luchar por restablecer los derechos que la derecha ha retirado a las personas en los últimos años".
