El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón (d). EFE-Ana Escobar-Archivo
El testimonio como testigo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la causa de la dana el próximo 9 de enero y de forma telemática, y el careo que la jueza ha admitido entre la exconsellera Salomé Pradas y el ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, abren el año judicial de 2026 en la Comunitat Valenciana.
La evolución de esta macrocausa judicial sigue centrada en determinar si hubo responsabilidades políticas, y de quiénes, entre los gestores de aquella emergencia que dejó 230 víctimas mortales.
Tras la declaración de Feijóo y el citado careo, la testifical del que fue responsable de bomberos, José Miguel Basset, el próximo 14 de enero se adivina como de especial trascendencia, a la vista de las averiguaciones sobre el papel de los bomberos en la vigilancia de los cauces y los debates que se produjeron en torno al envío del mensaje Es-Alert aquel 29 de octubre de 2024.
Mónica Oltra
Otro de los asuntos de especial trascendencia será la resolución del futuro judicial de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, después de que el juez de instrucción haya acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por un supuesto delito de encubrimiento de abusos sexuales.
La decisión está de nuevo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución.
Ni el juez que ha investigado la causa ni el fiscal ven indicios de delito, y no creen tampoco que las acusaciones que ejercen Vox y Gobierna-te los hayan precisado con suficiente claridad, aunque la Audiencia ya expresó en su día que no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal".
Esta misma sección de la Audiencia deberá resolver ahora el nuevo recurso de apelación planteado por las acusaciones y decidir si finalmente se enjuicia o no a Mónica Oltra.
Francis Puig
También se encuentra en el paso previo al juicio oral la causa abierta en Instrucción 4 de València contra Francis Puig, hermano del expresident Ximo Puig, y el empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por el supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano.
La Audiencia ha de resolver los recursos de ambos investigados contra el auto de procesamiento y decidir si la causa sigue adelante y los citados empresarios de la comunicación del norte de Castellón se sientan en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han presentado ya sus escritos de acusación en los que reclaman penas de entre 3 y 4 años de prisión para ambos.
Eduardo Zaplana
Otro de las noticias del año judicial que comienza podría estar relacionada con el expresident de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana, que recurrió el pasado mes de marzo ante el Tribunal Supremo la condena de 10 años y 5 meses que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo.
Zaplana, que el próximo abril cumplirá 70 años, se encuentra actualmente en libertad provisional con medidas cautelares -obligación de comparecer periódicamente en el juzgado- tras rechazar la Audiencia la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresara en prisión.
También sigue viva la instrucción del caso Azud, una causa que cumplirá este 2026 siete años de recorrido judicial en los que no ha parado de ganar complejidad.
El levantamiento del secreto del sumario, en septiembre de 2024, permitió conocer nuevas acusaciones contra dos de las personas más cercanas a Rita Barberá: su vicealcalde, Alfonso Grau, y su cuñado, José Corbín, aunque todavía se siguen incorporando informes a la causa y solicitando nuevas diligencias de investigación.
Además, la Audiencia de Valencia tiene pendiente resolver el recurso presentado por la edil de Vox en València Cecilia Herrero contra el auto que ordenaba su procesamiento por publicar decenas de tuits denunciados por un supuesto delito de odio.
También se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción las denuncias presentadas por el PSPV y Compromís por diversos contratos suscritos por el concejal de Vox y ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas.
Caso Imelsa
Por otra parte, el próximo 26 de enero está previsto el inicio del juicio por una de las piezas separadas del caso Imelsa, la E, por contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando dirigía este departamento María José Alcón, fallecida en 2018 y que era pareja del entonces vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau.
Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, y en la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València.
Los investigados son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero"; el exgerente de esa fundación y exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias.
