El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ( dcha) durante el juicio del caso Alquería.EFE- Manuel Bruque-Archivo
El auditor externo que evaluó la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) ha testificado este lunes que ninguno de los responsables jurídicos de la empresa le advirtió sobre la existencia ni le facilitaron los informes sobre los contratos de alta dirección cuya legalidad se cuestiona.
Este auditor ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otras trece personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.
A preguntas de la defensa de Rodríguez, este testigo ha afirmado que, si bien en la cobertura de algunos puestos de trabajo durante 2015 no se pudo verificar el procedimiento seguido, los contratos de alta dirección que se analizan por el tribunal "se realizaron al amparo de Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto", que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
Este auditor reflejó en uno de sus informes el hecho "sorprendente" que el personal de alta dirección aumentase de uno a diez.
En sus respuestas a los letrados de las defensas, este testigo ha explicado que esa reflexión se debe a que no se había clasificado la empresa (por su actividad, tamaño u objeto social) y que este problema era común a otras firmas del sector público como Girsa o Egevasa.
"Posteriormente se clasificó la empresa -por parte del pleno de la Diputación-, como así consta en el informe de auditoría de 2016, de modo que podía tener un máximo de diez directivos. Verificamos que se cumplían los límites en cuanto a directivos y salarios", ha agregado este testigo.
Preguntado por posibles advertencias sobre la legalidad de dichos contratos de alta dirección, ha señalado que ninguno de los responsables del área jurídica -entre los cuales se encuentra uno de los denunciantes del caso- de la empresa pública le advirtió sobre la existencia de informes que cuestionaban dichos contratos.
Además, ha explicado al tribunal que se enteró de los mismos por los medios de comunicación en 2018, cuando salió a la luz el conocido como caso Alquería, que ahora se juzga.
