El consistorio ha denunciado ante Fiscalía al funcionario encargado de la tramitación de los expedientes de matrimonio civil y a todas las personas responsables por un presunto delito de malversación.
La Ordenanza fiscal por la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil implica una tasa de 250 euros por la celebración de cada matrimonio civil. Sin embargo, el equipo de gobierno actual ha comprobado que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 hasta el 18 de septiembre de 2015, se celebraron 129 matrimonios pero no se ingresó ninguna cantidad por ese concepto.
La sospecha es que, siendo notorio que dicho servicio público exige el pago de una tasa, los contrayentes estarían en la creencia de que efectivamente la abonaban pero ese dinero nunca llegaba a las arcas municipales. La ausencia del trámite por parte del funcionario encargado de este servicio y la realización de las ceremonias fuera de las oficinas municipales, no alertó al área económica. Además, los concejales y el anterior alcalde firmaban las actas de estas ceremonias y, presuntamente, deberían ser conocedores de la inexistencia de ingresos por ese concepto.
"El dinero público es sagrado y tenemos que proteger el interés de nuestro municipio y la igualdad de todos nuestros ciudadanos en aras a la transparencia y buena gestión", ha indicado la alcaldesa, Luisa Salvador.
