"Han dilapidado a sabiendas el dinero de los contribuyentes para defender intereses corporativistas". Asà de tajante se muestra el decano del COIAL, Baldomero Segura, tras conocer la sentencia que acaba de dictar el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Valencia que da la razón al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante frente al Ayuntamiento de Manises. El motivo, la discriminación arbitraria de un ingeniero agrónomo al que una resolución del alcalde, Jesús Borrà s i Sanchis, con el aval del arquitecto municipal y dos Técnicos de la Administración General, impidió firmar un proyecto de reforma interior de un local comercial para un bar restaurante. Se da la circunstancia de que hasta ahora los ingenieros agrónomos no habÃan tenido problemas con este tipo de proyectos en este mismo ayuntamiento, y la paradoja de que el mismo ingeniero firmó un proyecto muy similar justo a lado de donde se proyectaba la reforma objeto del conflicto hace cuatro alños. Entonces, los mismos técnicos no pusieron ninguna pega.
Una decisión en contra de la jurisprudencia y del PGOU del municipio
Los servicios jurÃdicos del COIAL destacan que en todas las vÃas previas al contencioso se ha aportado justificación suficiente sobre la competencia de los ingenieros agrónomos para este tipo de proyectos, apoyadapor abundante jurisprudencia que es constante, clara y pacÃfica sobre el asunto, pero desde el inicio quedó clara su intención.
En la sentencia, la jueza recuerda, mediante la sentencia de 2012 del TSJ de Madrid, que la Administración Pública "sirve con objetividad los intereses generales y dentro de dicha función se incardina la potestad de otorgamiento de licencias urbanÃsticas tanto para la realización de obras como para el ejercicio de actividades, la cual tiene un carácter eminentemente reglado sin margen alguno para la arbitrariedad". Asimismo, destaca que el artÃculo 219.1 de la LOTUP dispone que las licencias "se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros", destacando que "a juicio de esta juzgadora, no concurre motivo que permita vedar a los profesionales con titulación de ingeniero agrónomo la redacción del proyecto necesario para licencias como la de autos, pues de acuerdo a los documentos13 a20 de la demanda, se imparte en la carrera universitaria asignaturas relativas a la construcción, proyectos, instalaciones eléctricas e hidráulicas…, que permiten concluir que se cuenta con la capacitación profesional para ese cometido".
Por el contrario, el Ayuntamiento de Manises alegaba que se trataba de un proyecto para un local destinado a uso residencial –los arquitectos mantienen un monopolio en este tipo de proyectos-, para justificar el veto al ingeniero agrónomo, argumento desmontado por la jueza de forma clara empleando el propio PGOU del municipio.
La sentencia estima el recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Manises por ser contraria a Derecho y por tanto la anula.
Ignorar a todo un colectivo profesional y dispensar un trato vejatorio
Con la sentencia favorable en la mano, Baldomero Segura lamenta la actitud del Ayuntamiento de Manises: "Les recordamos, mediante una carta dirigida al alcalde, que estaban contraviniendo la normativa y la doctrina jurisprudencial sobre competencias profesionales y que debÃan revertir la situación, además de advertirles de acciones legales si no rectificaban". Pero el COIAL solo obtuvo la callada por respuesta, algo que para el decano del COIAL, que también firmó como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, es especialmente grave: "Represento a más de diez mil profesionales, a quienes ha ignorado al no dignarse a contestar la carta".
En el seno del COIAL también ha dolido "el trato vejatorio dispensado por el equipo técnico municipal: malos modos, falta de educación en el trato, prepotencia y mal estilo. Incluso llegaron a colgar el teléfono a nuestro abogado", lamenta Segura, quien ha confesado sentir "rubor por el empleo del dinero público y de los recursos de la administración para intentar favorecer los intereses de un colectivo. Es un dispendio que han de pagar los contribuyentes, y es aún más grave si pensamos que sabÃan que iban a perder".
La estrategia del Ayuntamiento crea en la práctica un monopolio a favor de los arquitectos, pues según el propio decano indica "se judicializa el asunto para obligar al propietario del local a contratar un arquitecto para firmar el proyecto ante la perspectiva de un conflicto judicial del que no se sabe, en principio, fecha de resolución, además de no tener ningún interés en enfrentarse a quien debe otorgar la licencia".
Finalmente, Segura ha recordado que esta victoria judicial "no es solo de los ingenieros agrónomos, sino de todos los profesionales de la ingenierÃa", pues las intenciones del arquitecto municipal, los Técnicos de la Administración General y en última instancia del alcalde, que es el que firma, era reservar esta actividad en exclusiva para los arquitectos. No obstante apunta que "no se suele llegar a esta situación, ya que, por ejemplo, en el resto de municipios vecinos no tenemos este tipo de problemas".
Por su parte, fuentes municipales aseguran que el local objeto de polémica lleva abierto más de dos años, y que fue el propietario quien decidió buscar a otro profesional en lugar del ingeniero agrónomo para que su expediente no sufriera retraso. Declaran que el tribunal de la competencia dio la razón al ingeniero agrónomo y el Consistorio acató la decisión.
