José María Ángel y Robert Raga conrepresentantes de la Policía y la Guardia Civil El alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha mantenido esta mañana una reunión con el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel para estudiar vías de colaboración entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica para atajar los hurtos en las propiedades agrícolas del municipio. A la reunión han asistido Álvaro Rodríguez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y el jefe de la Policía Local de Riba-roja.
Raga ha manifestado al director la intención del consistorio de solicitar en la próxima Junta de Seguridad prevista para la segunda quincena de marzo, la intervención de la policía de la Generalitat Valenciana en el término municipal para disminuir esta problemática. Sólo en 2017 se detectaron 12 hurtos y en lo que llevamos de 2018 ya se han denunciado otros cuatro, coincidiendo con la campaña citrícola.
En coordinación con la Guardia Civil, la policía autonómica se encargará de incrementar el dispositivo de seguridad para reducir la oleada de robos.
En la última reunión del Consell Agrari celebrado el pasado mes de noviembre ya se acordó una medida para mejorar agilizar la comunicación entre los agentes y los labradores a través de un grupo de washapp, con el fin de poder detectar, en tiempo real, cualquier movimiento sospechoso en las zona agrícolas.
Esta iniciativa es parte de la campaña de vigilancia que pretende controlar tanto a los vehículos que accedan a los huertos, incidiendo en puntos estratégicos del término municipal, como a los recolectores, para comprobar la procedencia de la mercancía transportada y recogida, así como la venta de cítricos en los almacenes.
A ello se unirá el uso de drones para la vigilancia por el aire de las extensiones agrícolas. Una vez el Ayuntamiento de Riba-roja disponga de la autorización oficial de la Agencia Española de Seguridad Aérea, se formará a los agentes de policía habilitados para manejar esta tecnología.
El uso de drones (aeronaves no tripuladas) es una práctica que ya se ha extendido por algunos municipios valencianos. A través de vuelos itinerantes se facilita la detección de posibles infracciones. Una vez se envían las coordenadas y la información a la patrulla rural, ésta puede interceptar a los infractores.
"El uso de drones para la vigilancia aérea de campos y cultivos permite la optimización de recursos, controlando grandes extensiones de terreno desde el aire, además de permitir llegar a lugares de difícil acceso", asegura el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.
La inseguridad también afecta a la zona industrial de Riba-roja, cuya extensión alcanza los 6 millones de metros cuadrados y alberga más de 850 empresas. El pasado año se registraron un centenar de robos en propiedades y viviendas. "La tasa de reposición de la Ley Montoro nos impide poder contratar más policías locales y la Guardia Civil ha sufrido una merma en su plantilla en una veintena de efectivos", apunta el alcalde que añade "hemos solicitado un estudio para la instalación de cámaras de control de acceso en las entradas y salidas del polígono que actuarán como efecto disuasorio".
Raga se ha reunido posteriormente con la subdirectora general de Seguridad, Aurora Valero para plantearle algunas propuestas relativas a la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales que está pendiente de aprobación en las Cortes. En este sentido ha manifestado la intención de suscribir convenios de colaboración en materia de seguridad ciudadana con ayuntamientos vecinos como Loriguilla y L´Eliana.
Este será uno de los puntos que se aborden en las Jornadas sobre la Ley de Coordinación de Policías Locales que se celebrarán en Riba-roja el próximo 10 de mayo y que analizarán los aspectos legales y técnicos de la nueva norma.
La subdirectora general ha puesto a disposición del Ayuntamiento el asesoramiento técnico necesario para poder incrementar la seguridad en el municipio, especialmente en el ámbito rural. Concretamente en este ámbito, Valero ha informado al alcalde de la posibilidad de contratar seguridad privada, mediante la figura de guardias rurales, para la vigilancia de campañas específicas.
