El Ayuntamiento de Sagunt pretende anular el convenio de financiación y explotación de la desaladora

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, celebrado esta mañana telemáticamente, ha aprobado por unanimidad una moción de todos los grupos políticos en la que han aprobado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento preparen una demanda contencioso-administrativa que permita anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desaladora de Sagunto. Esta demanda sería presentada antes de tres meses desde esta aprobación.

El acuerdo plenario también recoge que el Ayuntamiento se ponga en contacto y a disposición de todas las instituciones y organismos que pueda aportar claridad en la construcción de la desaladora, «especialmente aquellos que puedan haber tenido relación con la investigación del caso Acuamed, y que remitan toda la información que sea necesaria». Para finalizar, también ha aprobado que se genere un expediente global relativo a esta desalinizadora que pueda ser consultado por vía telemática, a fin de simplificar la consulta de datos por otros organismos e instituciones y por transparencia institucional.

La argumentación de la moción hace un recordatorio a la postura municipal de los últimos años en los que el Ayuntamiento solicitó que el Ministerio asumiera el coste total de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora sin coste alguno para el Ayuntamiento y que exigía un tratamiento unitario y la distribución de los costes económicos y financieros en el conjunto del sistema. Además de exigir que los volúmenes de agua que han quedado establecidos como reserva para Sagunto y su área de influencia provenientes de la desalación, quedaran excluidos hasta que los costes asociados no fueran repercutidos de manera solidaria por el conjunto de sistemas de explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar o en el conjunto del sistema hidrológico nacional. 

Por otra parte, la moción recuerda que desde la aprobación del convenio se han sucedido una serie de hechos que han llevado a la situación actual, como que los costes son muy superiores a los establecidos, que podrían haber alcanzado los 43 millones de euros. Además, Acuamed está presentando, desde hace unos meses, facturas al Ayuntamiento que podrían generar intereses de demora.