El Ayuntamiento de Serra ha presentado un escrito en el
juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia en el que exige a
la presidenta local del PP y ex empleada municipal, Consuelo León, que devuelva
los 24.000 euros que cobró por su despido del consistorio en 2010 tras
acreditarse -mediante una sentencia judicial- que falsificó un tÃtulo académico
para obtener un puesto como agente de desarrollo local.
El
consistorio ha solicitado al juzgado de Valencia la ejecución de la sentencia
judicial que en enero de 2013 acreditó que la ex trabajadora municipal "alteró uno de los certificados
expedidos por la Escuela de Turismo Santo Tomás de Aquino para acreditar la
obtención del tÃtulo de Técnico de empresas y actividades turÃsticas al
introducir su nombre en el certificado para respaldar su solicitud".
Los
hechos denunciados se remontan al año 2002 cuando Consuelo León obtuvo una
plaza como agente de empleo y desarrollo local (ADL) en el Ayuntamiento de
Serra, bajo gobierno del entonces alcalde Javier Navarro (PP), mediante un
concurso-oposición que le valió para ocupara la citada plaza durante un periodo
de 8 años hasta que en octubre de 2010 fue despedida tras descubrirse -con pruebas-
que se presentó al proceso administrativo con un tÃtulo falso gracias al cual
obtuvo la primera posición y mejor nota en la adjudicación de la plaza pública,
por delante del resto de las aspirantes.
El
Ayuntamiento de Serra aprobó en marzo de 2011, tras acreditarse la falsedad del
tÃtulo, la solicitud de la nulidad de pleno derecho de los contratos laborales
que Consuelo León rubricó con la administración local repetidamente y durante
los 8 años en los que estuvo trabajando en las instalaciones municipales. El
Consejo JurÃdico Consultivo decretó la nulidad solicitada en dictamen de mayo
de 2011 y, posteriormente, el juzgado número 7 de lo contencioso administrativo
de Valencia ratificó al declarar nulos de pleno derecho los contratos con la
administración.
El alcalde
de Serra, Xavier Arnal, ha afirmado que con la reclamación de los 24.000 euros "pretendemos defender los intereses de
todos los ciudadanos de la localidad ya que esta persona ocupó ilegalmente una
plaza del consistorio durante un largo periodo de tiempo por delante del resto
de aspirantes con un tÃtulo falso y, por ello, es de justicia que vuelva al
ayuntamiento el dinero que se embolsó tras su despido".
Arnal
muestra su estupor ante la decisión del Partido Popular de nombrarla "presidenta local de la formación con
el beneplácito de la presidenta local y alcaldesa de la Pobla, Mari Carmen
Contelles, del PP, a pesar de las pruebas concluyentes avaladas por la justicia
que certificó la nulidad del proceso y es más que probable que opte a encabezar
la lista electoral en los comicios locales de 2015".
La
falsificación del tÃtulo de la ex empleada municipal se descubrió a raÃz del
retraso en la llegada de una cantidad de dinero que el consistorio debÃa
recibir por parte de la Generalitat para financiar el coste de otra plaza de agente
de desarrollo local. La administración alegó un defecto de forma al recibir la
solicitud fuera del plazo legal previsto para ello y constatar que en el
expediente revisado las firmas del alcalde y de la secretaria-interventora
estaban falsificadas, además del registro de salida.