El Ayuntamiento de Serra ha presentado un escrito en el juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Valencia en el que exige a la presidenta local del PP y ex empleada municipal, Consuelo León, que devuelva los 24.000 euros que cobró por su despido del consistorio en 2010 tras acreditarse -mediante una sentencia judicial- que falsificó un tÃtulo académico para obtener un puesto como agente de desarrollo local.
El consistorio ha solicitado al juzgado de Valencia la ejecución de la sentencia judicial que en enero de 2013 acreditó que la ex trabajadora municipal "alteró uno de los certificados expedidos por la Escuela de Turismo Santo Tomás de Aquino para acreditar la obtención del tÃtulo de Técnico de empresas y actividades turÃsticas al introducir su nombre en el certificado para respaldar su solicitud".
Los hechos denunciados se remontan al año 2002 cuando Consuelo León obtuvo una plaza como agente de empleo y desarrollo local (ADL) en el Ayuntamiento de Serra, bajo gobierno del entonces alcalde Javier Navarro (PP), mediante un concurso-oposición que le valió para ocupara la citada plaza durante un periodo de 8 años hasta que en octubre de 2010 fue despedida tras descubrirse -con pruebas- que se presentó al proceso administrativo con un tÃtulo falso gracias al cual obtuvo la primera posición y mejor nota en la adjudicación de la plaza pública, por delante del resto de las aspirantes.
El Ayuntamiento de Serra aprobó en marzo de 2011, tras acreditarse la falsedad del tÃtulo, la solicitud de la nulidad de pleno derecho de los contratos laborales que Consuelo León rubricó con la administración local repetidamente y durante los 8 años en los que estuvo trabajando en las instalaciones municipales. El Consejo JurÃdico Consultivo decretó la nulidad solicitada en dictamen de mayo de 2011 y, posteriormente, el juzgado número 7 de lo contencioso administrativo de Valencia ratificó al declarar nulos de pleno derecho los contratos con la administración.
El alcalde de Serra, Xavier Arnal, ha afirmado que con la reclamación de los 24.000 euros "pretendemos defender los intereses de todos los ciudadanos de la localidad ya que esta persona ocupó ilegalmente una plaza del consistorio durante un largo periodo de tiempo por delante del resto de aspirantes con un tÃtulo falso y, por ello, es de justicia que vuelva al ayuntamiento el dinero que se embolsó tras su despido".
Arnal muestra su estupor ante la decisión del Partido Popular de nombrarla "presidenta local de la formación con el beneplácito de la presidenta local y alcaldesa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, del PP, a pesar de las pruebas concluyentes avaladas por la justicia que certificó la nulidad del proceso y es más que probable que opte a encabezar la lista electoral en los comicios locales de 2015".
La falsificación del tÃtulo de la ex empleada municipal se descubrió a raÃz del retraso en la llegada de una cantidad de dinero que el consistorio debÃa recibir por parte de la Generalitat para financiar el coste de otra plaza de agente de desarrollo local. La administración alegó un defecto de forma al recibir la solicitud fuera del plazo legal previsto para ello y constatar que en el expediente revisado las firmas del alcalde y de la secretaria-interventora estaban falsificadas, además del registro de salida.
