Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet. EPDAEl pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó ayer el paquete de ordenanzas reguladoras y ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2017. La principal novedad, en esta ocasión, ha sido la modificación de buena parte de los textos e, incluso, la creación de algunas ordenanzas nuevas, con el objetivo de "adaptarlas a las nuevas realidades con criterios de sostenibilidad, medio ambiente, equidad, inclusión social y transparencia, a partir de un estudio profundo, que definen el modelo de ciudad inteligente o "smart city" que perseguimos", según explicó el concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes, quien incidió en que "las ordenanzas responden a un modelo de equilibrio, ejerciendo la mínima presión fiscal posible y de forma equitativa para que aporte quien más tiene con el objetivo de que tenga más el que más lo necesita, a la vez que se asegura el desarrollo de los programas y de los servicios municipales dirigidos a la ciudadanía".
En este sentido, los esfuerzos orientados a la inclusión social se mantienen pero, además, se refuerzan las cláusulas de contenido medioambiental. Una de las novedades de calado es la aprobación de una Ordenanza de Protección del Medio Ambiente relativa al Alcantarillado y Vertidos a la Red Municipal, que incide de forma sensible en los vertidos de origen industrial, que tendrán que ser autorizados en todos los casos por el Ayuntamiento. En la norma municipal se establecen obligaciones como el pretratamiento de los residuos para "la
minimización de la carga contaminante que facilite la depuración y reutilización como agua de riego", un extenso catálogo de vertidos prohibidos y la regulación de sanciones muy graves, graves o leves asociadas al incumplimiento de lo establecido en la ordenanza, que también regula vertidos de origen doméstico o producidos por obras u otras actividades.
Además de favorecer la reutilización segura del agua, preservar el buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de evacuación de aguas pluviales, proteger los sistemas de depuración y la seguridad e integridad de las personas, esta medida reducirá el canon que el Ayuntamiento satisface por el tratamiento de los vertidos.
La apuesta por la sostenibilidad se refleja también en el capítulo de bonificaciones y exenciones contemplados en las ordenanzas reguladoras de de los impuestos y tasas del ayuntamiento. De esta forma, en el IBI se introduce una bonificación del 10% en las edificaciones predominantemente residenciales en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente del sol, mientras que en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) la bonificación es el 50% para quienes en su actividad empresarial utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones de energías renovables o sistemas de cogeneración (permiten la producción conjunta de electricidad y energía eléctrica útil".
En cuanto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la bonificación varía entre el 30% y el 50% por instalación de energía solar para autoconsumo, y del 90% en caso de que la actuación tenga como objetivo la mejora de la accesibilidad para personas con diversidad funcional.
Coches eléctricos en la flota municipal
Finalmente, en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, se establece una bonificación del 75% de la cuota para vehículos eléctricos o que utilicen exclusivamente combustibles no contaminantes, como gas licuado, gas natural, biocarburantes o hidrógeno. El resto de vehículos, con emisiones de hasta 120g/km de CO2 tendrán una reducción de la cuota del 30%.
En este sentido, Bartolomé Nofuentes ha avanzado que tanto a la Empresa Pública de Gestión de Servicios Municipales de Quart de Poblet (Gesquart), que se pondrá en marcha en breve, como al parque móvil municipal se van ha incorporar ya vehículos eléctricos.
Las ordenanzas se adaptan también a los procesos de modernización que el ayuntamiento está implementando, como la contratación electrónica, la pasarela de pagos, o la cuenta corriente tributaria, que permite agrupar los recibos de vencimiento periódico y pagarlos en diez cuotas mensuales sin intereses, medidas que contribuyen también a la sostenibilidad al suponer un importante ahorro de papel.
