Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hoy destrozan las vidas de miles de personas en España no han caído del cielo. Son la consecuencia de unas políticas públicas aprobadas por PSOE y PP en distintos gobiernos, caracterizadas por especular con la vivienda, impulsar el sobreendeudamiento de la población, sobreproteger los intereses de la banca y por sus intereses partidistas.
La burbuja inmobiliaria estallo hace más de 4 años. Desde entonces venimos denunciando el genocidio financiero que se está cometiendo en este país. Donde existen miles de ejecuciones hipotecarias y más de 500 desahucios al día, donde el proceso de ejecución hipotecaria genera deudas ilegitimas que condenan a la población de por vida, donde una ley perversa deja a las personas en absoluta indefensión, y donde nos encontramos con el sin sentido de que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle sin realojo alguno. Sin embargo, en todo este tiempo ni el gobierno del PSOE ni el del PP han implantado medidas suficientes para acabar con esta emergencia social. Al contrario, se han limitado a aprobar rescate bancario tras rescate, destinando miles de millones de euros a unos bancos irresponsables y haciendo brindis al sol, mientras se continúa desahuciando a las familias.
Las pocas medidas aprobadas hasta la fecha para intentar mitigar esta cuestión, por los gobiernos de PSOE y PP, han sido un absoluto fracaso desde el punto de vista de la gran mayoría de afectados. Dentro de estas medidas se encuentra la aprobada ayer en el pleno municipal de Alaquàs, que fue la firma del Fondo Social de Viviendas para Afectados por los Desahucios impulsado por la Federación española de Municipios y Provincias..
Esta medida no es ni tan siquiera un parche para paliar la dramática situación de la gran mayoría de personas desahuciada o en proceso de ejecución hipotecaria de nuestra ciudad, y muchísimo menos ataca a las cuestiones de raíz de esta situación. Esto es debido, en primer lugar al escaso número de viviendas, solo 6.000 en todo el Estado, que se pondrán a disposición de los afectados por los desahucios y que hará que los dos pisos puestos a disposición en Alaquàs sea insuficiente para el gran número de afectados con los que desgraciadamente cuenta nuestro pueblo.
El portavoz del Bloc-Els Verds, Vicent Forment, considera que las condiciones para acceder a esta ayuda son excesivas y muy restrictivas, no pudiendo acceder a ellas la mayoría de los afectados. Según el convenio aprobado ayer con los votos a favor del PSOE y el PP de Alaquàs, la cuantía de estos alquileres estará entre 150 y 400 euros, no simbolizando estas cantidades lo que verdaderamente significa un alquiler social, ya que son precios de mercado y sobrepasan, en la mayoría de los casos, el 30% de las rentas de los afectados. Y por último que no da solución a la deuda generada por la subasta en el proceso de ejecución hipotecaria.
Para el Bloc-Els Verds de Alaquàs esta medida va más encaminada a que entre toda la ciudadanía asumamos el pago de los activos tóxicos de los bancos y las posibles reformas futuras que esos bancos deberán hacer en esas viviendas que de solucionar de forma eficaz los problemas de la vivienda.
Para finalizar, queremos recordar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista de Alaquàs que si realmente quieren empezar a resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, se dejen de este tipo de medidas que muy poco o nada solucionan estas cuestiones, y que sus partidos aprueben de forma inmediata e íntegramente la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la ley hipotecaria, que fue admitida a trámite gracias a la presión social y que propone: la dación en pago retroactiva, por la cual la deuda contraída con la entidad financiera quedaría saldada con la entrega de la vivienda; la moratoria inmediata de los desahucios de viviendas habituales y alquiler social de las viviendas que de forma ilegítima acumula la banca. Éstas son medidas de mínimos que resolverían los problemas más graves y urgentes de la población afectada y que se tiene que aprobar de forma inmediata para frenar la sangría de los desahucios.
