El expresident de la Generalitat Francisco Camps a su llegada a los juzgados. -EFEEl caso de corrupción conocido como Gürtel, que inició su andadura judicial en 2008, ha sumado este viernes una nueva sentencia, la que ha condenado al PP a pagar 204.198,64 euros por lucrarse de los beneficios de la red en Boadilla del Monte (Madrid), pero todavÃa le quedan al menos tres piezas por llegar a juicio.
La Audiencia Nacional ha dictado este viernes la sentencia que acredita el despliegue de la trama en Boadilla, donde obtuvo "ilÃcitos beneficios" mediante adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos y de sufragar también actos, eventos y gastos del PP durante la precampaña y campaña municipales de 2003 y 2007, "creando con ello una dinámica de beneficio mutuo".
Es la última sentencia conocida del caso Gürtel y la segunda que condena al PP como partÃcipe a tÃtulo lucrativo, condición a la que ya fue sentenciado en la causa por la primera época de la red (1995-2005).
Asimismo, la formación fue condenada como responsable civil subsidiario en el juicio por el pago en B de parte de la reforma de su sede, sentencia pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.
Tras esta resolución, que impone la pena más alta, 36 años y medio de prisión, al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el Albondiguilla, quedan pendientes al menos tres juicios para zanjar la macrocausa
Uno de ellos es el que sentará en el banquillo al expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien, pese a numerosos intentos para dilatar el procedimiento, se enfrentará desde el 17 de enero de 2023 a una petición de Anticorrupción de dos años y medio de cárcel.
Desde esa fecha y hasta el 23 de mayo se juzgará la adjudicación a la empresa de Gürtel Orange Market, del expositor valenciano en la feria Fitur de 2009.
Pendiente de juicio -pero sin fecha- está la pieza donde se han investigado los presuntos contratos irregulares suscritos desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) entre 1998 y 2009, en el que están acusados una veintena de personas, incluidos el lÃder e la trama, Francisco Correa; y su número dos, Pablo Crespo.
Ambos cumplen desde hace años largas condenas de prisión y, en su última sentencia, la Audiencia destaca el cambio en su actitud, no sólo por su confesión en el juicio relativo a Boadilla, sino por la reparación de la responsabilidad civil al haber cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza.
Los dos están también acusados junto a casi una veintena de personas en la pieza principal del caso, donde se investigó una supuesta operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los fondos.
También en el procedimiento de Gürtel se encuadraron dos lÃneas de investigación surgidas tras salir a la luz en 2013 la documentación que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre una supuesta contabilidad paralela del partido.
Una de ellas ya ha sido juzgada y sentenciada al concluir la Audiencia Nacional que Bárcenas manejó una caja B en el partido con la que se pagó más de un millón de euros de la reforma de la sede. En aquella sentencia el tribunal dio credibilidad a algunos de sus apuntes.
En la otra se han investigado si las donaciones que empresarios supuestamente hicieron a esa caja B fueron a cambio de adjudicaciones públicas. El juez decretó el fin de las pesquisas el verano pasado, pero todavÃa no ha procesado a nadie al faltar documentación.
Entre las sentencias dictadas durante los últimos años, la que más revuelo causó fue la relativa a la primera época de la trama, que además de abultadas penas de cárcel para los responsables, entre ellos el propio Bárcenas, supuso la primera condena del PP al pago de 245.492 euros como partÃcipe a tÃtulo lucrativo.
Y, como consecuencia, la caÃda del Gobierno de Mariano Rajoy después de una moción de censura.
Pero antes que esa se juzgaron otras, como la de "los trajes de Camps" que supuso la absolución de Francisco Camps en un procedimiento juzgado en València, desde donde también llegó la primera condena a los cabecillas de Gürtel por la contratación del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur.
También se juzgó la contratación de las pantallas para la visita del Papa a València en 2006; la adjudicación a la trama de tres contratos por el Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004, o los contratos irregulares de AENA con la trama entre 2002 y 2002.
Las dos últimas sentencias fueron confirmadas por el Supremo, que ratificó también la gran mayorÃa de las condenas impuestas tras el juicio por la financiación del PP valenciano, en el que fue condenado el ex secretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel.
