El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Esther Arizmendi, han suscrito hoy un protocolo mediante el que ambas instituciones colaborarán en diversas áreas de actividad con el objetivo común de profundizar en el conocimiento y la aplicación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El texto del protocolo prevé la celebración de acciones formativas, cursos, talleres, ciclos, conferencias y foros de debate sobre la Ley de Transparencia dirigidos a los miembros de la judicatura, en los que colaborará el personal del CTBG.
Además, miembros del CGPJ prestarán colaboración en las acciones formativas organizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno destinadas a los empleados públicos, en particular, y a los ciudadanos en general.
Representantes de ambas instituciones participarán también en los seminarios, conferencias, mesas de debate, coloquios, foros y charlas que organicen el órgano de gobierno de los jueces y el CTBG, que estarán dirigidos a profesionales, organizaciones, asociaciones, colegios profesionales, medios de comunicación, profesorado universitario y no universitario y tendrán como objetivo divulgar la cultura de la transparencia y la sensibilización social en todas las materias relacionadas con transparencia activa y pasiva y buen gobierno.
Por último, miembros del Consejo General del Poder Judicial colaborarán en la revista TRANSPARENTA, editada por el CTBG.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el órgano al que la Ley 19/2013 encomienda la función de promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento por los ciudadanos de las materias que regula.
Por su parte, el CGPJ ha manifestado desde el inicio de su actual mandato su interés en implementar una verdadera polÃtica de transparencia en su funcionamiento, que constituya un eje fundamental de su actividad, convirtiéndose en un modelo de gestión transparente en el contexto de las Administraciones y los órganos constitucionales del Estado, yendo más allá del cumplimiento de lo establecido en la propia Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
