El conflicto entre el Ayuntamiento de Sagunt y la cementera Lafarge ha puesto una vez más de manifiesto la división del equipo de gobierno en esta cuestión. Así se ha constatado en el pleno que se está celebrando en estos momentos en el consistorio de Sagunt en el que se ha sometido a votación el dictamen desfavorable emitido por el departamento de Urbanismo contra el pliego de condiciones elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, para la continuidad de Lafarge en la cantera del Salt del Llop.
Compromís y Podemos han votado a favor del dictamen desfavorable sobre los pliegos de la Conselleria mientras EU y PSPV se han abstenido, lo que ha supuesto el rechazo del informe de Urbanismo con los votos en contra de la oposición. El discurso más beligerante a sus socios de gobierno ha sido el del portavoz socialista, Paco Crispín, quien ha mostrado el malestar de su grupo porque "al final somos los últimos en enterarnos y conocer los documentos que son básicos para tomar decisiones estando como estamos en el equipo de gobierno".
Crispín ha destacado que el Partido Socialista está "a favor de la continuidad de la empresa y de su traslado a la zona de El Pinyal" y ha acusado a Compromís de "liquidar los derechos de la empresa con una estrategia que es totalmente errónea, y que va a permitir a Lafarge que continúe explotando la cantera de Romeu hasta 2042, cuando podríamos haberlos sacado antes", ha matizado Crispín.
Por su parte, el portavoz de EU, Guillermo Sampedro, ha argumentado la abstención de su grupo con un "sí condicionado" a la continuidad de Lafarge. "EU está favorable a la continuidad de la empresa en el Salt del Llop y no bloquear la tramitación en la que el Ayuntamiento de Sagunt tiene muy poquito que decir. Sí estamos de acuerdo con la continuidad de Lafarge, pero de manera condicionada, porque no hasta el 2042, sino hasta el 2035 tal y como se aprobó en pleno y EU está en contra de que Lafarge se traslade a El Pinyal. Además, pedimos que se investiguen las infracciones", ha apuntado Sampedro.
Sin embargo, la portavoz de Compromís, Teresa García, ha destacado que lo que se trata es de "defender la propiedad pública municipal de este ayuntamiento" y ha defendido el informe emitido por el departamento de Urbanismo en el que se detectan una serie de "irregularidades" en el pliego de condiciones emitido por la Conselleria de Medio Ambiente.
El dictamen desfavorable explica que el Ayuntamiento de Sagunto es el titular del monte catalogado de utilidad pública, como simple administración informante que tiene un margen de maniobra de formular apreciaciones y valoraciones que, sin embargo, no tiene la administración pública que tiene el poder de decidir, que es la Conselleria. Por ello, considera que, necesariamente, ante los datos objetivos que se le han puesto de manifiesto por diversos cauces durante la instrucción de su expediente, tiene la obligación de verificar los mismos y valorar y ponderar hasta qué punto las evidencias resaltadas pueden influir en la legalidad y validez en derecho de la decisión pública de autorización de ocupación que debe adoptar.
La edila de Medio Ambiente ha declarado, en este sentido que "el problema de la tramitación de este expediente, y es un poco lo que está remarcando desde el minuto 1 el Ayuntamiento de Sagunto radica en el pliego de condiciones el cual está dando cobertura a todas las irregularidades que acompañan al expediente. Intentar a través de la resolución salvar aspectos como el de la legislación urbanística, por ejemplo, es complicar un poco más la propia tramitación del expediente. Sin embargo, el ayuntamiento y sus servicios técnicos continúan haciendo referencia a esos requerimientos de legalidad y dónde se encuentran las irregularidades dentro del expediente y podemos pensar que la Conselleria, a través de esta resolución está intentando paliar los posibles errores que haya dentro de este pliego. Puede ser que tanto las responsabilidades por delito ecológico como las responsabilidades penales las salve pero, efectivamente, la propia resolución si no se entra a cambiar donde está el problema, que es en los pliegos, entonces es recurrible y, si al final la Conselleria concede la resolución tal y cómo pretende hacerla, nosotros la recurriremos y continuaremos cumpliendo y haciendo caso a aquello que informan nuestros servicios jurídicos".
La propuesta de dictamen desfavorable entiende que hay 12 argumentos desfavorables en contra del pliego que regirá la ocupación del monte público. De estos, cinco son considerados como cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e ignoradas por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la autorización.
La primera de las cuestiones legales en que la propuesta incide son los indicios de vulneración grave de la concesión demanial para la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este año al haberse superado la cota de extracción de áridos por debajo de los 160 o 150m.
La segunda cuestión se refiere a la disconformidad municipal con la superficie objeto de la concesión, dado que parte de esa superficie afecta a terrenos en los que el uso extractivo es incompatible urbanísticamente conforme a la delimitación gráfica reflejo de las previsiones del artículo 277 de las normas urbanísticas del PGOU de Sagunto.
La tercera cuestión hace referencia al plazo de vigencia de la concesión, ya que el periodo de duración de la ocupación a petición de Lafarge Cementos S.A.U entra en conflicto con los máximos acordados por el pleno municipal en su sesión de 17 de enero del 2017, que señalaba un plazo máximo de 10 años de explotación. Sin embargo, el órgano autonómico propone autorizar la ocupación del monte hasta 2042.
