El objetivo de la medida es hacer efectivo el principio de suficiencia y equidad previsto en la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuo de autonomÃa (Lofca), asà como garantizar los derechos de todos los valencianos de forma que la prestación de servicios públicos en nuestra comunidad se sitúe en niveles similares a los del conjunto de las autonomÃas.
Además de no reformar el modelo de financiación autonómica, el Gobierno tampoco ha aprobado un Fondo Transitorio para la Comunitat Valenciana y para otras autonomÃas infrafinanciadas, en tanto no se apruebe la modificación del modelo de financiación y, en consecuencia, la Comunitat no disponga de los mismos recursos que la media de las autonomÃas.
Nuestra Comunitat, tal y como ha quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, necesitarÃa disponer de ingresos adicionales para alcanzar la media de recursos por habitante del conjunto de las autonomÃas. Este hecho ha sido nuevamente refrendado por el informe elaborado por la Comisión de Expertos nacional para la reforma de la financiación autonómica.
Asimismo, los informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye, pese a que nuestro nivel de gasto es inferior al del resto de autonomÃas.
A este escenario de infrafinanciación, se une la incertidumbre que genera que el Gobierno no apruebe en plazo la Ley de Presupuestos Generales de 2018, de forma que las comunidades autónomas carecen de un marco financiero-presupuestario lo suficientemente estable y transparente para poder proyectar sus propios presupuestos.
Además, hay que tener en cuenta que existen determinadas polÃticas sectoriales que es necesario desarrollar pese a no disponer de la financiación necesaria, lo que origina que las competencias atribuidas tengan que ser desarrolladas con una menor dotación de medios.
Entre ellas, podemos citar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, cuyos convenios para establecer los criterios de reparto de los importes llevan suspendidos desde 2012, o la prestación de asistencia sanitaria a desplazados temporales a la Comunitat Valenciana.
Asimismo, cabe destacar que la financiación adicional para el ejercicio 2018, comunicada por la SecretarÃa de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, supone una mejora de 84 millones respecto a la financiación definitiva del ejercicio 2017.
Este importe no parece que vaya a ser definitivo debido al ritmo de crecimiento de la economÃa de la Comunitat Valenciana, que se prevé superior al de la media nacional. De hecho, el consenso de mercado sitúa las estimaciones de crecimiento en el entorno del 2,8% del PIB, lo que determinará una ampliación de las entregas a cuenta o una liquidación positiva en 2020.
Esta mejora, junto al previsible aumento del gasto del resto de comunidades autónomas para 2018, parece insuficiente para absorber la diferencia de gasto promedio entre la Comunitat Valenciana y el resto de Comunidades Autónomas.
El compromiso del Consell con sus ciudadanos y en relación con la prestación de los servicios públicos fundamentales y el resto de competencias que tiene atribuidas no puede quedar condicionado de forma irreversible por un modelo de financiación injusto. Por este motivo, el Consell se ve obligado a adoptar medidas como la que nos ocupa, que permite asegurar que los niveles de prestación de servicios en nuestra Comunitat no difieran de forma relevante del resto de autonomÃas.
