La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino (d), y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. EFE-Biel Aliño
El pleno del Consell ha aprobado la modificación del decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales para ampliar los plazos de adaptación de los centros a los nuevos requisitos, a petición de un sector que ha planteado 1.790 alegaciones.
Así lo ha explicado este lunes en la rueda de prensa posterior al pleno la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, quien ha anunciado que a partir de ahora se iniciarán las licitaciones de todos los centros que tienen prórrogas de contrato, especialmente los de mayores.
Camarero ha justificado el cambio parcial del decreto en las "carencias, limitaciones y contradicciones" de una norma que el anterior Consell aprobó en marzo de 2023 y modificó en julio, y ha adelantado que en los próximos meses se hará una modificación "más profunda" para dar solución a las necesidades de estos centros.
Ha destacado que no pretenden acabar con el decreto existente, sino modificar los aspectos que según las entidades no podían cumplir y les habían llevado a presentar varios recursos contencioso-administrativos e incluso la petición de una suspensión cautelar, y han empezado exclusivamente por su calendario de aplicación.
Así, esta primera modificación del decreto afecta a seis de las veintitrés disposiciones transitorias de la norma inicial, para ampliar en un año el periodo para la adecuación de los centros, servicios y programas de servicios sociales actualmente autorizados en cuanto a las denominaciones y contenidos de las nuevas tipologías.
Además, se añade un periodo de dos años más para que los centros autorizados adapten sus instalaciones, y también se amplía en un año más para que los centros adapten sus plantillas, figuras profesionales, ratios y titulaciones a los criterios o requisitos establecidos.
Camarero ha hecho hincapié en que las personas usuarias de estos centros no se verán afectados por este "primer paso" en la modificación de un decreto con la que se apuesta por la especialización de los centros y la adecuación "real" de los profesionales a las necesidades de cada centro.
Ha señalado que, así, se amplía el tiempo para que las entidades puedan ampliar sus espacios sin reducir las plazas, porque "no es de recibo" tener que reducirlas cuando hay unas listas de espera han grandes, y adecuar sus ratios de personal, que se ajustará a "las necesidades reales de los centros", sin exigir figuras profesionales "innecesarias".
La vicepresidenta ha explicado que también se mejora una normativa que es "muy farragosa y poco comprensible" para las propias entidades, y se acomete una simplificación administrativa para que las entidades puedan dedicar más tiempo a las personas usuarias y menos al papeleo.
Con estos cambios, ha explicado, se puede acometer de forma inmediata la licitación de todos los centros, especialmente los de mayores, que están todos sin contrato y con expedientes de enriquecimiento injusto, con lo que se garantiza la continuidad de las prestaciones y la seguridad laboral de los profesionales.
En concreto, Camarero ha detallado que actualmente todas las residencias de mayores están sin contrato, también muchos centros de día de mayores, muchos centros de día de personas con discapacidad y muchos centros de menores, por lo que es necesario licitar el contrato que permita la continuidad del servicio.
Camarero ha afirmado que cuando el actual Consell llegó al cargo se encontró con más de cien millones de euros de deuda en estos centros, lo que ha supuesto que durante meses muchos de estos profesionales hayan tenido su nómina sin cobrar o en riesgo de no poder hacerlo.
