Imagen de archivo del palacio de la Generalitat Valenciana. - EPDAEl Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2025, que promueve nuevas medidas fiscales sociales destinadas a las familias como la ampliación de las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, así como beneficios tributarios para apoyar a los sectores pesquero y agrícola.
En concreto, se duplican y hasta triplican las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar, puesto que se eleva la cuantía en función de las cargas familiares. El paquete de medidas fiscales previstas en este apartado, dirigido a beneficiar a rentas medias y bajas, favorecerá a alrededor de 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en 10 millones de euros para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.
Gracias a estas medidas, los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros, si se trata del primer hijo o hija; 750 euros, en el caso del segundo o segunda, y 900 euros, en el supuesto del tercero o tercera y sucesivos.
Igualmente, estas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, con independencia de su régimen, de forma que se incluirá también la guarda con fines de adopción, lo que permitirá aumentar el número de personas beneficiarias. En este caso, se estima que se beneficien de la medida casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.
Las familias acogedoras también disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. Así, se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad; la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años; la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para cerca de 600 contribuyentes.
La deducción autonómica por nacimiento o adopción es la tercera deducción autonómica más aplicada (41.295), por detrás de la de arrendamiento de la vivienda habitual (89.099) y la de contribuyentes con dos o más descendientes (42.782), según los datos que se disponen sobre la declaración del IRPF de 2022.
El proyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2025 también contemplala eliminación de dos tasas que gravan al sector pesquero en la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias. Por un lado, recoge la bonificación de la totalidad de la tarifa 'G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina', así como la exención del pago de la tarifa 'G-2 buques' para estancias en los puertos autonómicos, con la finalidad de respaldar al sector, que ha sufrido de forma especial el alza de precios mientras el volumen de capturas ha caído.
Con esta medida se benefician 15 cofradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat, con un impacto económico de casi 824.000 euros. Además, el objetivo del Consell es apoyar al sector pesquero, que sufre un incremento sostenido de costes que afectan a su competitividad. En este sentido, el Reglamento de la UE fija actualmente en un máximo de 180 los días de pesca al año.
Así, se pretende dar respuesta a la precaria situación del sector pesquero, que lleva años sufriendo el aumento de costes, las restricciones a la pesca dirigidas a la conservación de la biodiversidad y sostenibilidad de los caladeros, la disminución del volumen de pesca, o la falta de recursos para la modernización de la flota.
Asimismo, la Ley de Medidas Fiscales introduce como novedad una rebaja fiscaldel 60 % para las compras de parcelas con vocación agraria realizadas por titulares de una explotación agrícola registrada que no cumplan los requisitos para ser consideradas personas agricultoras profesionales.
Para ello, se reduce del 10 % al 4 % el tipo que grava estas operaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para impulsar el relevo generacional, la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la competitividad. Se estima que esta medida tenga un impacto económico de 2,6 millones de euros.
Por otra parte, los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) definidos por el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa tendrán una bonificación específica del 50 % del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo. Se pretende reforzar la atracción de grandes inversiones en atención al evidente potencial que tienen estas iniciativas para el desarrollo y modernización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana.
Por último, en el ámbito de las medidas fiscales se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024. El número de personas abonadas está en torno a los tres millones.
En el ámbito de las competencias atribuidas a la Presidencia de la Generalitat, se modifica la Ley 21/2018 de mancomunidades de la Comunitat Valenciana para suprimir la figura de las mancomunidades de ámbito comarcal en aras de la simplificación y claridad administrativa.
También se modifica la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat Valenciana para suprimir los preceptos relativos a los consorcios locales, ya que esta regulación especial en la legislación autonómica de régimen local resulta en la actualidad obsoleta, teniendo en consideración los cambios normativos realizados en la legislación estatal básica sobre esta fórmula asociativa, especialmente la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
De igual forma, se modifica la Ley 5/2023 de la Generalitat, integral de medidas contra el despoblamiento de la Comunitat Valenciana para variar los criterios de zonificación del riesgo de despoblamiento y priorizar a los municipios que cumplan con los requisitos previstos de cohesión social y territorial.
En el ámbito de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, se modifica la Ley 3/2019 de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana para lograr una mejora continua de los propios servicios sociales. Se introduce la posibilidad de delegar la gestión de los servicios sociales de atención secundaria en las entidades locales.
Así, se elimina la imposibilidad material de gestión, con el fin de favorecer la creación de plazas residenciales de titularidad municipal y la descentralización del servicio, con el impacto directo que conlleva en la reducción de las listas de espera y en que las personas no se tengan que alejar de su entorno por no contar con recursos de atención secundaria en su localidad.
Del mismo modo, se modifica la Ley 19/2017 de la Renta Valenciana de Inclusión para ampliar el modo de abono de la prestación económica para que además de efectuarse a través de ingreso en cuenta, también se pueda hacer a través de medios prepago, con lo que se ofrece cobertura a personas vulnerables que sufren la brecha financiera.
Por otro lado, se prorroga la ejecución del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana (PIP) del Decreto-ley 1/2009 para la finalización de las inversiones y presentación del acta de recepción de estas que termina el 31 de diciembre de 2025.
En materia de Sanidad, la Ley de Acompañamiento modifica la Ley 10/2014 de Salud de la Comunitat Valenciana, en desarrollo de la competencia de la Generalitat sobre fraudes y seguridad alimentaria, para reforzar la defensa de los intereses de las personas consumidoras. En concreto, se establece que corresponde a la Generalitat la vigilancia e intervención frente a zoonosis, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes, promocionar hábitos de vida saludable entre la población, con atención específica a los grupos sociales más vulnerables.
También le compete la vigilancia y control de las actuaciones relacionadas con la salud de la población trabajadora; la vigilancia y control sanitario en materia de productos químicos y biocidas, así como la atención al medio ambiente, en colaboración con el departamento del Consell competente en esta materia, en cuanto a su posible repercusión sobre la salud humana.
Del mismo modo, será responsable de la vigilancia sanitaria y el control oficial en la producción, transformación, almacenamiento, transporte, manipulación, comercialización y venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación, en coordinación con el departamento del Consell competente en materia de alimentación, así como los registros, autorizaciones sanitarias e inspecciones y auditorías de cualquier tipo de instalaciones, establecimientos, servicios, actividades y productos, directa o indirectamente relacionados con la salud de la población, sin perjuicio de las competencias de otras conselleries y otras administraciones públicas.
Relacionado con el ámbito sanitario, se modifica la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana para crear un nuevo cuerpo de Administración Especial de Tecnología Sanitaria dentro del grupo profesional A1, en el que se incluiría un total de cinco escalas: Científico/a de datos, Ingeniería de organización, Biotecnólogo/a, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Informática.
En el ámbito cultural, se modifica la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano y del Decreto 107/2017 del Consell por el que se aprueba el reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. El objetivo es descentralizar las competencias en favor de los municipios valencianos que, por razón de población o capacidad de gestión, puedan asumir tareas de reconstrucción y recuperación.
Por otra parte, se adscribe a la Conselleria de Justicia y Administración Pública la Unidad Valenciana de la Concordia, prevista en la Ley 5/2024 de Concordia en la Comunitat Valenciana, y que se configura como un departamento de la Generalitat que gozará de autonomía funcional.
Asimismo, se modificala Ley 14/2010, de 3 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos con la introducción de una nueva obligación de los titulares o prestadores, consistente en devolver a los destinatarios el importe total de las entradas ante la suspensión sin causa justificada de un espectáculo público, actividad recreativa o actividad sociocultural.
Por lo que respecta alámbito de Agricultura, se modifica la Ley 5/2019 de Estructuras Agrarias para facilitar los procesos que implican una mejora en las estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
En los proyectos de reestructuración parcelaria, se abre la posibilidad a que sean iniciados también por entidades locales o por corporaciones de derecho público y no solo por propietarios de las parcelas, que es lo que indica el actual articulado. Por su parte, para iniciar determinadas obras de infraestructuras agrarias, para las cuales es perceptivo, según la actual ley, la declaración de obras de interés general agrario se autoriza a la Conselleria de Agricultura a declararlas expresamente, mediante una norma con rango de ley, como obras de interés general y que esta declaración lleve implícita la declaración de utilidad pública y de urgencia a los efectos de la ley de expropiación forzosa.
También se introduce una modificación en la regulación de la cadena alimentaria relacionada con el procedimiento sancionador en contratación y prácticas comerciales. Así, se permitirá que la persona competente de la Dirección General con funciones en la cadena alimentaria pueda incoar expedientes sancionadores y designar al funcionariado instructor. Es una medida necesaria para aplicar en la Comunitat Valenciana lo establecido en la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, y algo muy solicitado por el sector agrario.
Por último, en el ámbitode la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo 1/2019, para incrementar las sanciones hasta un millón de euros para productos que no cubran las garantías mínimas de seguridad. De este modo, se pretende proteger a las personas consumidoras y luchar contra la competencia desleal de países no miembros de la Unión Europea con productos piratas.
Una de las primeras decisiones adoptadas tras la catástrofe de la riada sufrida en la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre fue retrasar la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2025, con el fin de adaptarlos a las necesidades de recuperación de la Comunitat Valenciana, tras los daños producidos. Todo ello ha supuesto la prórroga automática de los Presupuestos de 2024.
Esta circunstancia excepcional ha hecho necesaria la aprobación de un Decreto del Consell para establecer los criterios de aplicación de esta prórroga hasta que se publique la nueva Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2025.
La aplicación del presupuesto requiere además la adopción de una norma con rango de ley que aborde con carácter urgente la modificación de diversas normas jurídicas referidas a aspectos tributarios, de gestión económica y de acción administrativa, que además den respuesta a las necesidades de la recuperación.
