El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante la rueda de prensa. EFE-Biel AliñoEl pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes frente a la hiperregulación, con el objetivo de agilizar los procedimientos y garantizar la unidad de mercado, con el objetivo de responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo.
El proyecto de la segunda Ley de Simplificación Administrativa incluye acciones para reducir la densidad de la carga normativa, eliminar duplicidades, reforzar la seguridad jurídica y establecer herramientas innovadoras para garantizar la interoperabilidad.
Esta disposición, que será remitida a Les Corts, se estructura en 111 artículos distribuidos en nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El decreto ley modifica o eliminar 149 normas -entre ellas 38 leyes y 43 decretos- y algo más de 1.300 artículos, según ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.
"El propósito es múltiple, afecta a todas las áreas y reduce a la mitad los plazos para la concesión de licencias de obras; agiliza la consecución del reconocimiento para las personas que tienen dependencia de su grado y permite que las empresas de autónomos que tengan licencia para poder trabajar en cualquier comunidad autónoma puedan hacerlo también en la Comunitat Valenciana sin necesitar una segunda licencia", ha señalado Barrachina.
El nuevo decreto, ha añadido, "evita que los particulares tengan que hacer aportación de su certificado bancario cuando se relacionan con la administración" así como "renovaciones automáticas de solicitudes, como la renovación automática de la certificación de familia numerosa".
Así, el decreto ley actúa como instrumento habilitador de políticas públicas clave en los principales ámbitos económicos y sociales de la Comunitat Valenciana, afectadas por un marco normativo "disperso, rígido o desfasado" y se pretende desbloquear proyectos estratégicos, eliminar "trabas injustificadas" y reforzar la capacidad de intervención pública.
Esta norma también promueve una simplificación desde el diseño, orientada a prevenir nuevas cargas administrativas, facilitar el cumplimiento normativo y garantizar una administración más ágil, más proactiva y centrada en la ciudadanía.
Su aplicación transversal afecta a toda la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y las entidades locales.
Uso de IA para redundancias normativas
El decreto regula medidas frente a la hiperregulación y se establece un conjunto integrado de principios y herramientas que orienten toda la actividad normativa autonómica hacia criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad.
Se incorporan también exigencias de evaluación sistemática, mecanismos de control del crecimiento normativo, así como medidas de simplificación y depuración del ordenamiento jurídico.
A tal fin, este decreto ley articula medidas innovadoras que combinan exigencias técnicas con recursos tecnológicos avanzados, como el uso de inteligencia artificial para la detección de redundancias normativas, la creación de un cuadro de mando sobre la carga regulatoria o el establecimiento de un buzón para que la ciudadanía y las empresas puedan presentar propuestas de simplificación, informa la Generalitat.
Asimismo, se avanza en la digitalización efectiva de los procedimientos administrativos dirigidos a personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, mediante la obligación de que las Oficinas PROP, las oficinas de asistencia en materia de registro (OAMR) y las oficinas de atención especializada (que tengan la condición de OAMR) presten asistencia en la identificación y firma electrónica, mediante personal funcionario habilitado, para aquellos procedimientos administrativos que cuenten con aplicación de gestión electrónica y elevado volumen de solicitudes.
Del mismo modo, se regula la unidad de mercado mediante la implementación de un régimen jurídico específico para garantizar la libertad de establecimiento y circulación de operadores económicos en la Comunitat Valenciana.
