El Pleno del Consell ha autorizado la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento de 788 plazas de centros para personas con diversidad funcional de la Comunitat Valenciana gestionados por entidades sin ánimo de lucro, por un importe total de 31.478.459 euros.
Se trata de subvenciones para financiar centros especializados de personas con diversidad funcional de 20 entidades sin ánimo de lucro, por un importe individual superior a un millón de euros y que, por tanto, requiere autorización previa del Consell.
Estas subvenciones se enmarcan en la Orden de la Conselleria de Igualdad en materia de atención a personas con diversidad funcional, promoción de la autonomÃa personal y de la accesibilidad, para la concesión de ayudas para el mantenimiento de centros de atención social a este colectivo. La dotación presupuestaria para el presente ejercicio es de 93.606.939 euros
El objetivo de estas ayudas es financiar los gastos de funcionamiento de centros de servicios sociales especializados en atención a personas con diversidad funcional de entidades sin ánimo de lucro y contribuir, de esta manera, a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad fÃsica, sensorial, intelectual y mental.
Tal y como establece en la Orden, pueden ser objeto de subvenciones el mantenimiento de centros de atención temprana, centros de rehabilitación e integración social para personas con enfermedad mental crónica (CRIS), centros ocupacionales, centros de dÃa, residencias para personas con diversidad funcional, centros especÃficos para personas con enfermedad mental crónica (CEEM), viviendas tuteladas, y centros de atención diurna o residencial para personas con discapacidad en situación de dependencia.
La cantidad de la subvención concedida a cada uno de los centros se determina en función de los criterios de valoración que establece la convocatoria, como el número de usuarios del centro y módulos económicos especÃficos en relación con el perfil de los usuarios.
Asimismo, se tienen en cuenta para la valoración de las solicitudes la calidad de la prestación del servicio, la experiencia acreditada de la entidad titular, el sistema de organización del mismo y criterios funcionales o de interés social, es decir, cláusulas sociales.
