La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas estudiará resarcir de oficio a las personas mayores y con discapacidad que resultaron afectadas por la decisión del Gobierno anterior de introducir una tasa de copago a este sector en 2013. Sin embargo, recuerda que el objetivo inicial del actual ejecutivo es actuar para solucionar el colapso de 44.000 personas dejado por el anterior ejecutivo pendientes de la resolución de expedientes y poder incorporar al máximo número de personas al sistema, así como la puesta al día en los pagos.
Asimismo, y como ya anunció la consellera en su intervención en las Corts Valencianes, la intención del Gobierno valenciano es la eliminación del copago a partir del 1 de enero de 2016, mediante regulación en la ley de acompañamiento a los Presupuestos del próximo ejercicio. Del mismo modo, la Generalitat, en sus primeros días de gobierno, ha abonado dos meses de atrasos que el anterior ejecutivo tenía pendientes desde el año 2012.
Otra de las medidas prioritarias que ya ha aplicado el Gobierno valenciano, en su primera reunión plenaria tras la toma de posesión, fue la de dar orden a la Abogacía de la Generalitat para proceder a retirar el recurso de casación interpuesto por el anterior Consell ante el Tribunal Supremo como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el decreto de copago en la discapacidad que aplicó el antiguo gobierno.
Por otro lado, en la reunión que mantuvo el pasado 24 de septiembre el director general de Diversidad Funcional, Toni Raya, traslado a los representantes de diferentes entidades de personas con diversidad funcional, la voluntad del Consell de reorganizar los recursos y la creación de un nuevo sistema de atención sólido y estable y que mejore el actual.
En el encuentro también se informó de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha dado cumplimiento a la voluntad de comenzar a pagar la totalidad de la subvención a centros de atención a personas con discapacidad en el mes de septiembre, en lugar de tener que esperar a diciembre, como ocurría anteriormente, lo que suponía una incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras y empresas proveedoras de estos recursos, por el retraso en los pagos.
Otro de los puntos tratados en dicho encuentro fue la publicación el pasado mes de agosto del desarrollo de la nueva Orden para ayudas de equipamiento y reforma, fundamental para garantizar que los centros estén en buenas condiciones, y el mobiliario en buenas condiciones de uso. La orden no se publicaba desde 2008 y ha supuesto una inversión pública de 1.430.850 euros, lo que supone un incremento del 30 por ciento en el presupuesto de este programa.
Asimismo, Conselleria que dirige Mónica Oltra está comprometida y ya está haciendo efectivas algunas de las medidas pactadas en el decálogo que firmaron los partidos integrantes del Pacto del Botánico y otras formaciones con la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia, de defender un sistema público de servicios sociales a través de una nueva Ley autonómica de servicios sociales, defender la igualdad territorial, establecer una financiación suficiente para la cobertura adecuada de los servicios, o promover un modelo concertado de financiación para los servicios sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
