El Gobierno valencianoEl Gobierno valenciano ha firmado un acuerdo con varias empresas comercializadoras del sector energético para evitar cortes de agua, luz y gas a personas y familias en riesgo y en exclusión social, que podrán solicitar un informe de los servicios sociales municipales para paralizar el proceso de suspensión del suministro mientras la Generalitat gestiona el pago de las facturas adeudadas.
El acuerdo ha sido suscrito hoy por los representantes de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, y por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto al que también han acudido la consellera de Vivienda, María José Salvador, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuyo departamento coordina las políticas de lucha contra la pobreza energética.
El president de la Generalitat ha calificado de "esencial" este acuerdo porque "mejora la vida de las personas con más necesidades", y ha resaltado que el objetivo del Consell con este convenio es lograr que las familias valencianas "tengan un invierno digno", y no tengan la "pobreza energética entre sus preocupaciones".
Puig ha asegurado que desde el Gobierno valenciano se va a seguir trabajando para que la pobreza energética "no exista en la Comunitat Valenciana", para lo que se ha puesto en marcha un Plan Valenciano de la Lucha contra el Empobrecimiento Energético, en el que además de acuerdos con las comercializadoras también se contemplan ayudas directas a los ciudadanos.
La vicepresidenta del Consell ha destacado la importancia de acuerdos como los de hoy que permiten que las grandes empresas se comprometan con lo que es un "derecho constitucional" de los ciudadanos y ha manifestado el compromiso del Consell en seguir trabajando para que se sumen el resto "con iniciativas de responsabilidad social corporativa como ésta, que evitará los cortes de suministros básicos o al menos avisará a los servicios sociales para que adopten medidas de protección social".
Este acuerdo beneficiará inicialmente a 12.000 hogares, aunque el objetivo es llegar a los 50.000. Para ello la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio va a poner en marcha una linea presupuestaria de 3,7 millones de euros, a la que podrán acogerse aquellas familias o personas en riesgo de exclusión social por tener unos ingresos inferiores a 1,5 IPREM o a 2 veces IPREM si se convive con personas con discapacidad o gran dependencia.
Las ayudas para evitar la pobreza energética será en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
Los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos serán los encargados de detectar los hogares en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya hayan sufrido un corte de suministro a su vivienda habitual, y de ser así realizarán una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda.
De ser así, lo pondrá en conocimiento de las empresas suministradoras y de la administración autonómica y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas. Asimismo si reúne los requisitos, los servicios sociales lo pondrán en conocimiento de la comercializadora y de la Conselleria y se paralizará el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.
Restablecimiento inmediato del servicio
Por su parte, la empresa suministradora solicitará de modo inmediato el restablecimiento del suministro. Asimismo, no volverán a solicitar la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de las ayudas. Tampoco exigirán el pago de ningún tipo de intereses.
El Ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha restablecido el suministro, los derechos de reconexión. Además, se comunicará el pago de la deuda a la Generalitat, que tramitará el pago al consistorio de las cantidades que éste haya abonado.
La publicación de la orden que permitirá a los ayuntamientos solicitar estas ayudas se producirá a finales del mes de diciembre, aunque los ayuntamientos podrán adheririse a esta convocatoria desde mañana mismo, y el pago de las subvenciones tendrá carácter retroactivo hasta el mes de octubre.
1,4 millones en ayudas para hogares en exclusión social
Por otra parte, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destinará el próximo ejercicio un total de 1,4 millones de euros en ayudas para aquellas personas o familias que están en situación de exclusión social, por tener unos ingresos anuales inferiores a 5.009 euros y que tengan notificada por parte de la empresa suministradora la orden de corte de agua, luz o gas.
Estas ayudas se tramitarán a través de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con el objetivo de que las personas afectadas no tenga que hacer más burocracia de la precisa, y serán efectivas a partir del próximo 1 de enero.
La vicepresidenta ha explicado que estas ayudas pretenden garantizar un "derecho consitucional" como debe ser el suministro básico de agua, luz y gas, y ha destacado que también irán destinadas a las familias sin hijos y las personas mayores, que hasta ahora "estaban excluidas cuando, según todos los estudios son el colectivo más afectado por esta situación".
Oltra ha destacado que también se está trabajando de la mano de las grandes ciudades y de las diputaciones "para ampliar la inversión social destinada a combatir el empobrecimiento energético", y en este sentido ha señalado que la Diputación de Valencia "ya ha anunciado una partida de 400.000 euros para los pueblos de menos de 20.000 habitantes".
Por su parte, la Conselleria de Economía Sostenible, desde el IVACE, trabajará en la concienciación y sensibilización del uso eficiente de la energía, además de poner en marcha medidas de ahorro energético y/o rehabilitación de las viviendas de las familias en exclusión social o en riesgo de estarlo, según ha puntualizado la vicepresidenta.
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