El Gobierno de la Generalitat posa ante la fachada del museo de las Ciencias PrÃncipe Felipe momentos antes de celebrar su sesión plenaria semanal.EFE
El pleno del Consell ha aprobado este viernes instar al Gobierno a estudiar la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
También ha acordado instar al Gobierno a adoptar medidas para hacer efectiva la reparación a quienes padecieron condenas por tribunales, jurados, civiles o militares, como las sentencias de los consejos de guerra, Tribunal Especial de Represión de la MasonerÃa y el Comunismo o el Tribunal del Orden Público (TOP), por la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo valenciano durante la Guerra Civil, la Dictadura franquista o la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Esta iniciativa obedece a lo establecido en la Ley de la Generalitat de Memoria Democrática, de 2017, que contempla la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana y el reconocimiento, reparación y garantÃa de no repetición de las vÃctimas.
Asimismo, se suma al conjunto de medidas que el texto legal encomienda a la Generalitat, y que van desde la elaboración de estudios, publicaciones, jornadas, homenajes, y, en definitiva, todas las actuaciones necesarias para restituir la dignidad de las vÃctimas, según informa el Gobierno valenciano.
Para el ejecutivo autonómico, la "nulidad" de las citadas condenas supone "un trascendental avance en términos jurÃdicos" respecto de lo ya previsto en la vigente Ley estatal de Memoria Histórica, cuyo artÃculo 2 se reconoció y declaró "el carácter radicalmente injusto" de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones polÃticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
También supone un "importante paso" respecto de lo indicado en la citada ley estatal de 2007, cuyo artÃculo 3 declaró genéricamente la "ilegitimidad" de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos polÃticos, ideológicos o de creencia religiosa y expresamente, la del citado Tribunal de Represión de la MasonerÃa y el Comunismo, del TOP, asà como de los Tribunales de Responsabilidades PolÃticas y Consejos de Guerra.
Frente a la actual "declaración de reparación y reconocimiento" que expide el Ministerio de Justicia, una eventual declaración de nulidad, "expulsarÃa completamente del ámbito jurÃdico tales sentencias y resoluciones administrativas, a pesar del tiempo transcurrido", según el Gobierno valenciano.
El ejecutivo autonómico persigue "reconocer y reparar a quienes defendieron la legalidad institucional republicana, a los que pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
