Pleno de Riba-Roja. - EPDA El pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha ratificado el acuerdo del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de anular y solicitar una indemnización económica por daños y perjuicios contra la empresa adjudicataria del conocido como PAI de San Rafael, en el que estaba prevista la urbanización de 121.435 metros cuadrados en un área próxima a la N-III y la AP7.
El escrito del Consell Jurídic es una respuesta a la solicitud formulada por el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de pasados del mes de julio en el que demandaba de este organismo público una postura sobre la legalidad de los actos adoptados por la administración local. La empresa promotora nunca cumplió el plazo de 22 meses para llevar a cabo las obras.
El dictamen del alto tribunal valenciano avala las decisiones del consistorio de Riba-roja de Túria de proceder a la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de San Rafael, adjudicado a la mercantil Promociones Industriales Mafort, de anular el citado plan urbanístico por los múltiples incumplimientos contraídos y de incautarse del aval de 159.000 euros.
La resolución emitida por el Consell Jurídic Consultiu subraya en su escrito que quedan demostrados "suficientemente" las razones aludidas por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria contra la adjudicataria para resolver el convenio bilateral "al haber quedado acreditado que la mercantil ha incumplido todos los plazos de ejecución pactados en el convenio urbanístico".
El alto tribunal consultivo considera que la adjudicataria "deberá indemnizar a la administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada" y, además, añade que el acuerdo de resolución del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria "contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida".
El Ayuntamiento de Riba-roja subraya que una de las partes importantes en el convenio que en febrero de 2005 rubricó el entonces gobierno del Partido Popular y la empresa son los 180.000 euros que la adjudicataria no llegó nunca a ingresar en las arcas municipales como contraprestación económica por llevar a cabo las obras previstas y diversas actuaciones municipales.
Cabe recordar que el convenio aprobado entre ambas partes en el año 2005 supuso que los 121.435 metros cuadrados calificados como suelo no urbanizable pasaba de esta forma a ser considerado como industrial habida cuenta su cercanía a las áreas de expansión de las principales arterias viarias como la N-III y la AP7, uno de los enclaves más valorados del término municipal.
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja ha desestimado las alegaciones planteadas por la empresa adjudicataria ante el expediente de resolución del convenio mediante acuerdo plenario por incumplimiento flagrante contractual, además de proceder a la incautación de los 159.000 euros como garantía y una valoración de los daños y perjuicios fijada, finalmente, en otros 39.000 euros.
El convenio entre ambas partes obligaba a la empresa a hallar un depósito de agua para abastecer a las futuras empresas, a la protección del denominado barranc del Pozalet y a la aprobación del informe de impacto ambiental sobre la zona de afectación. Además, se requería los informes del Ministerio de Fomento, la conselleria de Cultura y la Dirección General de Aviación Civil.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha expresado su "satisfacción" por la decisión adoptada por el Consell Jurídic Consutiu "porque ratifica plenamente, punto por punto, una decisión que adoptamos en el pleno municipal ante el incumplimiento por parte de una empresa y que ha supuesto un claro perjuicio económico para el ayuntamiento ya que no recibió el dinero previsto en su momento como contraprestación, por ello, continuamos en la línea por defender los derechos del municipio".
