El Consell reclama que el 'pago verde' de la PAC no implique nuevos compromisos y costes para el agricultor

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha exigido que el 'pago verde' que propone la Comisión Europea en su propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ligado a prácticas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, no implique nuevos compromisos para el agricultor que supongan un incremento de los costes.La consellera, que se ha pronunciado en estos términos durante el Consejo Consultivo de Política Agrícola, ha expresado su satisfacción por el compromiso alcanzado por las comunidades autónomas y el Gobierno de pedir a Bruselas que se flexibilice su aplicación y que se desvincule del cobro de las ayudas básica de la PAC.Maritina Hernández ha calificado como "inasumible" la pretensión de la Comisión Europea de vincular el 30% de los pagos directos al cumplimiento por parte de los agricultores de nuevas exigencias medioambientales, "cuando además la agricultura que se practica en la Comunitat Valenciana ya incorpora los valores medioambientales que ahora persigue la Comisión"."La agricultura mediterránea, y en concreto la que se desarrolla en nuestro territorio, es un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático por su capacidad de absorción de gases de efecto invernadero, por el uso eficiente del agua o por el cultivo en suelos salinos y por tanto con mayor riesgo de desertificación", ha explicado.Por ello, la Generalitat defiende que "se premie a los agricultores que realizan una actividad agraria que contribuya a la mejora del clima y del medio ambiente, y no que esa labor social que implica un beneficio para el conjunto de la población recaiga sobre la economía del productor".Además, ha incidido en que el planteamiento de la Unión Europea en cuanto al 'pago verde' sólo acarrearía una mayor burocratización del proceso para la solicitud de ayudas hacia el interesado y mayores gastos administrativos.Política Pesquera ComúnPor otra parte, la consellera ha destacado el consenso alcanzado entre todas las autonomías en torno a la propuesta que llevará el Gobierno de España al próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea para retrasar cinco años, hasta 2020, la consecución de los objetivos que quiere marcar la Comisión Europea con la reforma de la Política Pesquera Común y que se concretan en unos rendimientos máximos sostenibles de existencias pesqueras en los distintos caladeros.En este sentido, ha explicado que es necesario un periodo transitorio mayor al planteado en el documento inicial de reforma para la adaptación de la flota, por lo que considera que "el cambio que va a proponer el Ministro se ajusta más a la realidad de las pesquerías mixtas que se dan en el Mediterráneo, donde la adaptación de los rendimientos máximos debe hacerse sobre grupos de especies".Asimismo, ha añadido que sería conveniente disponer de estudios científicos sobre los recursos y las necesidades de los caladeros para una gestión sostenible, pero también evaluar el impacto socioeconómico de la reforma antes de que el Ejecutivo comunitario tome una decisión definitiva.Por otro lado, el Consell también ha apoyado que se mantengan las ayudas económicas a los pescadores como consecuencia de las paradas temporales por veda biológica, así como los apoyos a la paralización definitiva de buques para la actualización de la flota.