Una persona en su puesto de trabajo desde casa. EFEEl pleno del Consell ha declarado este viernes de urgencia la tramitación del decreto por el que regula la modalidad no presencial de prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat.
El objetivo de esta regulación, que tiene "carácter prioritario" para el Consell, es actualizar el decreto vigente, de 2016, después de que la pandemia de coronavirus haya motivado que parte de ese personal hayan ejercido sus funciones desde casa y dado que continúa la crisis sanitaria, ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
El futuro decreto establecerá los requisitos técnicos y estructurales necesarios para que el teletrabajo se pueda realizar "con todas las garantías de seguridad", y tendrá en cuenta el derecho a la desconexión digital, el respeto del tiempo de descanso y a la intimidad de los trabajadores públicos, ha explicado.
Actualmente, esta norma está en fase de consulta pública previa, con carácter previo a la redacción del texto del decreto, y se podrán plantear sugerencias hasta el 14 de agosto, tras lo que se elaborará el texto del decreto que se someterá al trámite de información pública, se dará audiencia a las conselleries y se negociará con los sindicatos.
MEDIDAS ANTI COVID
El pleno del Consell ha aprobado además tres decretos relacionados con la pandemia de coronavirus. El primero recoge las bases para la concesión directa de subvenciones de 2,2 millones de euros programas de entidades del tercer sector para personas mayores y enfermedades neurodegenerativas, y hacer frente a la crisis originada por la covid-19.
Además, se ha aprobado el decreto que regula la convocatoria de ayudas por la covid-19 destinada a empresas de transporte público regular de viajeros de uso general, con un importe de 3 millones de euros, y con el que se anula el aprobado el 19 de junio, para introducir una mejor especificación y evitar posibles dudas interpretativas.
Finalmente, la Conselleria de Transparencia destinará 500.000 euros a actuaciones de emergencia frente a la covid-19 en países con mayor vulnerabilidad, como África Subsahariana, Oriente Próximo y zonas de acogida de población refugiada o desplazada.
LEY SÍNDICATURA GREUGES
El pleno ha aprobado también el proyecto de ley de la Sindicatura de Greuges, que modifica la lkey de 1988 para incluir novedades como la rebaja del apoyo necesario para su elección (de dos tercios a tres quintos del pleno de Les Corts), y la obligación de adherirse al Código de buen gobierno de la Generalitat.
Además, se suprime la posibilidad de reelección; se elevan de dos a tres los adjuntos, para garantizar la paridad en la institución, lo que permitirá que uno de ellos se especialice en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y otra en los derechos de las personas con diversidad funcional.
