Puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València. EFE- Kai Försterling-Archivo
El Defensor del Pueblo ha emitido una resolución en la que investiga el encierro irregular al que fue sometido un joven marroquí de 22 años en el CIE de Zapadores (Valencia) y en la que se reclaman tanto medidas de coordinación que impidan que se repita este hecho como "medidas disciplinarias contra los responsables de este encierro".
Según ha informado la ONG València Acull como entidad que ha instado la queja ante el Defensor del Pueblo, la dirección del CIE de València y el juzgado de instrucción que solicitó su internamiento ignoraron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se ordenaba la suspensión de la expulsión de este joven.
Este inmigrante, extutelado por la Comunidad de Madrid, permaneció recluido en Zapadores entre el 21 de enero y el 23 de febrero de este año, a pesar de que en el centro se disponía de la resolución judicial que suspendía su orden de expulsión, según reprocha el Defensor del Pueblo en su escrito.
"Sin embargo, ninguna autoridad verificó su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle. Sólo la intervención de los servicios jurídicos de la Campaña CIES No evidenció que en el expediente del interno de que disponía la Policía constaba la suspensión cautelar de su expulsión dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, lo que obligó a la dirección del CIE a ponerlo en libertad", añaden los denunciantes.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares acordó el pasado 21 de enero el internamiento en el CIE de A.E.M, a raíz de una orden de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno Madrid dos años antes. Pero ni este juzgado ni el CIE tuvieron en cuenta que el TSJ de Madrid estimó el 8 de julio de 2021 un recurso de apelación interpuesto por el afectado, que finalmente fue admitido y que suspendió de forma cautelar la orden de expulsión.
A pesar de ello, "se le encerró en València con el fin de ser expulsado en cualquier momento", según denuncia CIES No.
El TSJ acordó suspender su expulsión al considerar que había "múltiples indicios del arraigo social" del chico, y, criticó a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la "inacción" y "descoordinación" para regularizar su situación administrativa.
"Nada parece haber hecho la Administración para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado". "No parece que se le haya dispensado la debida protección institucional durante su minoría de edad, lo que ha podido repercutir eventualmente en su posterior situación administrativa".
Por tanto, "si la Administración no parece haber hecho nada para regularizar la situación del recurrente en España mientras era menor de edad, ni para facilitársela después, no es posible concluir que ahora existan fuertes razones de interés público que exijan la inmediata ejecución de la expulsión", concluyó el TSJM.
El Defensor del Pueblo respondió el pasado lunes a la queja formulada por la plataforma CIES No admitiéndola a trámite y anunciando el inicio de "actuaciones ante los organismos administrativos competentes".
