El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Sagunto ha propuesto lo que considera una "innovadora
política fiscal redistributiva" con el objetivo de evitar los
efectos del catastrazo en las familias de nuestra ciudad y mantener
la recaudación municipal dada la necesidad de realizar un Plan
Económico y Financiero como consecuencia de "los reiterativos
incumplimientos de los principios de estabilidad presupuestaria".
La concejal delegada de Hacienda, Teresa García, ha presentado hoy
esta propuesta a los distintos grupos políticos en la Comisión
Informativa de Hacienda para que la estudien y la puedan dictaminar
la semana que viene.
Con esto se pretende que
haya una progresividad en los impuestos municipales así como ya
ocurre con las BICES (empresas con Bienes de Inmuebles de
Características Especiales), donde la ley permite una modificación
del gravamen (Arte. 72.4) para que aquellos inmuebles con un mayor
valor catastral (más de 1.000.000 de euros), contribuyan con un
esfuerzo mayor, puesto que son sus propietarios los que disponen de
más recursos para poder aportar a las arcas públicas.
En definitiva, se va a
estudiar pedir un mayor valor fiscal a aquellos que más tienen,
porque tienen mayor capacidad para aportar al municipio y para
superar mejor la adaptación a la normativa presupuestaria, como
consecuencia de no tener presupuesto municipal desde 2009 y de los
reiterados incumplimientos de los principios de estabilidad
presupuestaria, según se indica en la propuesta.
Hasta ahora las 37
empresas consideradas BICES aportan cerca de 6 millones de euros, y
el resto de las 67 grandes empresas apenas aportan 1.100.000 euros.
Por ello la propuesta que realiza el equipo de gobierno se centra en
aplicar gravámenes previos al catrastrazo y que no se apliquen los
máximos, tal y como ocurre con las BICES. Con esta modificación,
las grandes empresas pasarían a aportar 1.700.000 euros de un máximo
de hasta 2.100.000 euros, equilibrando de este modo el nivel de
ingresos del Ayuntamiento de Sagunto.
En palabras de la
delegada de Hacienda, Teresa García: "Estamos
aplicando una política fiscal donde quien más tiene, más pague.
Con esta propuesta demostramos que se puede ayudar a las familias más
necesitadas a hacer frente a un catastrazo injusto, del mismo modo
que aquellos que sí pueden pagarlo ayuden con mayores aportaciones a
la comunidad a realizar políticas para toda la ciudadanía,
contribuyendo al bienestar de la ciudad".
Con esta propuesta, el
conjunto de los inmuebles dedicados al comercio con un catastro
superior a 1.000.000 de euros aportarían un incremento de 77.742
euros, mientras que el conjunto de los inmuebles dedicados a la
industria con un catastro superior a 1.000.000 de euros aportarían
un incremento global de 539.192 euros. En el primer caso, la cuota
media anual del IBI se incrementaría en 4.858 euros, mientras que en
el segundo 11.003 euros, siendo el tipo de gravamen del 0'87
mientras que el tipo de gravamen de urbana residencial es del 0'57.
Asimismo, se propone la
reducción del tipo de gravamen de rústica para estimular la
agricultura, aplicando el tipo urbano del año anterior, en espera de
poder diferenciar por usos tal y como ocurre con el IBI urbano, y
gravar el uso residencial en terrenos rústicos.
Por último, cabe
resaltar la exención del IVMT (Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica) tanto para los vehículos eléctricos como para los
vehículos históricos (que reglamentariamente tengan reconocida
dicha peculiaridad) y bonificación del 50 % para los vehículos
híbridos, con el fin de incentivar el uso de automóviles
ecológicos.
En relación al Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) se propone una actualización de
calles.