El equipo de gobierno socialista de Torrent solicitó el pasado 18 de diciembre a Conselleria de Medi Ambient el desmantelamiento y cierre de la planta de valorización y demolición de recursos, situada en la parcela 13 del polÃgono 31 de Torrent, y propiedad de la empresa Gestión Medioambiental de Residuos GEMERSA S.A., atendiendo asà a las numerosas quejas recogidas de vecinos de la zona que seguÃan denunciando vertidos y los fuertes olores del fuego latente en las montañas de residuos, además de recordar graves incidentes como el incendio del 27 de marzo de 2014, que podÃan volver a producirse.
Pese a que ya se habÃan iniciado los pasos por parte del Ayuntamiento de Torrent, en el pleno ordinario de ayer jueves 14 de enero se acordó por unanimidad llevar a cabo esta reclamación ya realizada, además de que no se inicie de nuevo la actividad en esta ubicación si una serie de informes técnicos asà lo determinan.
El cese de la actividad tuvo lugar después de que la empresa mercantil no presentara la comunicación previa requerida de inicio de actividad. También modificó las condiciones de autorización ambiental integrada sin la correspondiente legalización, según consta en la resolución de la Conselleria de Medi Ambient de 25 de noviembre de 2014. Respecto a este punto, Inma Amat aprovechó la sesión plenaria para lanzar una pregunta a los concejales responsables del Partido de Popular de Torrent, quien gobernaba en la ciudad cuando inició su actividad la planta el 25 de abril de 2008 bajo el mandato de Maria José Catalá, acerca de cómo era posible que se pusiera en funcionamiento una actividad tan delicada y peligrosa en nuestra ciudad sin supervisar que todo estuviera en regla. Una pregunta que recibió el silencio por respuesta desde la bancada popular, encabezada ahora por la ex alcaldesa Amparo Folgado.
AsÃ, en el escrito firmado por la concejala de Medio Ambiente, Inma Amat, se solicita a la Conselleria que ejerza las competencias de inspección y sanción que le otorga el artÃculo 77 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat y, si procede, que incluya las medidas que regula el artÃculo 47 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de la Generalitat, que obliga a esta Administración autonómica, en casos de incumplimiento por parte del titular, a ejecutar de forma subsidiaria la reparación de daños medioambientales causados por el infractor, la revocación de la autorización ambiental integrada, asà como la clausura definitiva de las instalaciones.
La planta de GEMERSA es un ejemplo más de la mala gestión –en este caso medio ambiental- de la época del Partido Popular, un grupo polÃtico con personas más preocupadas por hacerse la foto de inauguración que por llevar un control correcto de la actividad con sus correspondientes inspecciones.
