Esta detención se produce dentro de la Operación 'Trasso' en la que la Guardia Civil también ha detenido a un ex alcalde de Loriguilla. Guardia Civil de Valencia, en el marco de la OPERACIÓN "TRASSO", ha desarticulado un entramado criminal diseñado por una Fundación para la explotación de laboral de personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad, siendo empleados bajo amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante los años 2.010, 2.011, 2.012 y 2.013.
El Presidente de la Fundación
Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, así como su
familia, que formaba parte del patronato, ofrecía a sus amistades,
empresarios, autónomos o cargos públicos, la mano de obra de estos
individuos, a los que amenazaba con no justificar la prestación de
las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de
Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con
quien la Fundación tenía firmado un convenio, según un comunicado remitido por la Guardia Civil.
La Fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, habiendo sido un elevado número de ellas víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Muchas de las víctimas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares (pintura, albañilería, etc…), para lo cual recibían incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de no aceptar los trabajos ordenados, que nada tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.
Entre las distintas actividades laborales irregulares, cabe destacar la detección de los investigadores de trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde del Consistorio, que ha resultado detenido, en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio, servicios supervisados por el que era Jefe de la Policía Local de la citada localidad, también detenido, en labores de "serenos" sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica.
Durante la fase de explotación de la operación se ha procedido a la detención de los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados, y se ha constatado la existencia de una Organización Criminal perfectamente estructurada que contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local de Loriguilla (Valencia), sin los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos.
Así mismo, a tenor de las investigaciones el entonces Alcalde del Ayuntamiento de Loriguilla, llevó a cabo la desviación de fondos públicos para sufragar presuntamente con los gastos de los vehículos que la Fundación empleaba para trasladar a las víctimas, y que fueron también empleados en los vehículos particulares del Presidente de la Fundación y su familia.
La investigación también ha
supuesto la detención de un exconcejal del Ayuntamiento de Gilet
(Valencia), para el cual se habrían desviado presuntamente
trabajadores a través de la Fundación para el desarrollo de
trabajos en su empresa de la localidad de Alboraya (Valencia). Este hecho es desmentido por el ex concejal, quien critica el ''daño irreparable'' que esta informació
En la fase final de la
operación policial se practicaron dos registros en un domicilio y
una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de la
Fundación, interviniendo una gran cantidad de documentación
relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en
los ayuntamientos de Loriguilla y Gilet. Así mismo se han recuperado
7 vehículos, además de material informático y electrónico.
La Operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo de Policía Judicial de Ribarroja, bajo la dirección del Juez Instructor, Juzgado de Instrucción nº 2 de Lliria (Valencia), y ha supuesto sin duda la detección de una modalidad de Trata de seres humanos con fines de explotación laboral sin precedentes en la Provincia de Valencia.
El ex concejal, Salvador Ortí, ha sido muy tajante al respecto, negando el delito que presuntamente se le imputa y aclarando en declaraciones a El Periódico de Aquí que ''lo único que he hecho es declarar en la Guardia Civil. No me han detenido. Me piden sólo mi testimonio. Cuando el presidente de la Asociación sabe que voy a cerrar mi empresa
de muebles, me pidió si podía ceder estanterías de almacenar los
productos, unos focos de la fachada y aire acondicionado, que una vez
desmontadas ya tienen ningún valor. Vinieron a desmontar focos, estanterías... para beneficio de la asociación, gratuitamente. Los invité a almorzar. De ahí cambia a que yo estoy en una trama. ¿Beneficiarme de qué? Como concejal participé en la realización de un convenio, que firmó el alcalde, con dicha asociación. Pero ya no he sabido más de esa entidad, ni he sacado provecho nada de nada. Lo único que he hecho ha sido ayudar desinteresadamente. Con lo que se ha publicado, me han hecho muchísimo daño y a mí nadie me ha detenido''.
