El ex gerente de PEMSA defiende que sólo se dio una señal por los terrenos ''comprometidos'' en Moncada

Quien fuera gerente de la empresa pública Promoción Económica de Moncada SA (PEMSA), José Ignacio Orero Lillo, ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento por la venta de parcelas que se aprobaron en un pleno municipal en 2013. Según este recurso, al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, Orero aclara que no se vendieron las parcelas, sino que se dio una señal por una compraventa que no se hizo efectiva. ''Faltaba la reparcelación antes de pasar a escritura pública'', explican fuentes conocedoras.

El Ayuntamiento avaló con 1'8 millones un crédito hipotecario de 1 millón, que se destinó finalmente a pagar salarios por la falta de pagos de la Generalitat Valenciana. ''Pero no estamos hablando de que se hubiesen hipotecado las parcelas una vez vendidas, porque la operación estaba incompleta y los futuros propietarios sólo dieron una señal'', añaden.

El juzgado número 1 de Moncada acusa a Orero, el ex alcalde Juan José Medina, así como al ex concejal y ex portavoz del PP, Miguel Gallego, de ''estafa y prevaricación''. Fuentes próximas a los acusados aseguran que son inocentes y se preguntan por qué el tribunal deja fuera al Ayuntamiento, ''de quien depende PEMSA y que cuenta con pólizas de responsabilidad civil''. Asimismo, defienden que ''nunca en 10 años de gobierno del PP se ha aprobado nada con informe negativo del interventor ni de la secretaria''. De hecho, la operación de PEMSA contó con el apoyo de ambos altos funcionarios.

En el escrito de alegaciones al que ha accedido este diario -al que tiene que dar respuesta la Audiencia Provincial en una plazo de cuatro o cinco meses-, se señala en primer lugar un ''error en la determinación de los fundamentos fácticos'', al recordar que en el auto ''se habla de una reseña de seis fincas, según se dice, que fueron vendidas a distintas personas físicas o entidades mercantiles''. En este punto se encuentra el primer ''error flagrante'', al señalar ''que se han vendido fincas. Pues bien, esto no es así. Lo que se vendió, tal y como aparece reseñado en los contratos que se adjuntan por la denunciante, Amparo Orts Albiach, en su condición de alcaldesa desde el 13 de junio de 2015 y presidenta del Consejo de Administración de PEMSA desde el 29 de julio, fueron unas parcelas referenciadas en el proyecto de reparcelación de la ampliación del polígono industrial Moncada III''. La alcaldesa señalaba que las parcelas ''ya habían sido vendidas o comprometidas'', a lo que el recurso hace hincapié en que se establecía el compromiso de venta con el proyecto de reparcelación, pero que estaba ''pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad (...) es decir, se trata de un compromiso de venta, respecto de un proyecto de reparcelación y que no se encuentra en el Registro Mercantil''.

De hecho, incluso la propia alcaldesa, la socialista Orts, firma la memoria correspondiente del 2015, en la que en el apartado 8 se recoge que ''dicha venta no será efectivamente perfeccionada hasta la firma de la escritura pública de compraventa''. Para apoyar este argumentario, el recurrente incluye la partida de ingresos y gastos, donde en la ventana correspondiente a 'venta de parcelas', ''no se reseña cantidad alguna y ello porque se trataba de entregas a cuenta sobre una venta no perfeccionada (...). Es una venta de cosa futura respecto de la que hay un compromiso, venta no perfecionada, tal y como reseña la propia auditoría que suscribe la alcaldesa denunciante, la señora Orts''.

Las mismas fuentes recuerdan que el ''mayor comprador de los terrenos del polílgono era Arnedo Medina, quien tenía intención de quedarse con la construcción del polígono adquiriendo la figura de agente urbanizador por tes millones de euros y el anterior equipo de gobierno socialista, capitaneado por Amparo Orts, decidió no hacer nada para dejarlo en vía muerta con el fin de echa la culpa a los anteriores gestores''. Con esos tres millones se habrían levantado los hipotecados y se habrían iniciado las obras de urbanización, recalcan.

Auto judicial

En 2013, el pleno del ayuntamiento de Moncada aprobó autorizar a Pemsa para que formalizara un préstamo hipotecario por importe de 1.865.000 euros, a los efectos de solventar los problemas económicos por los que atravesaba la mercantil municipal, para lo cual se ofrecía como garantía las referidas 6 parcelas que habían sido señalizadas. El referido acuerdo, según el escrito judicial, fue solicitado por el gerente de Pemsa, José Ignacio Orero Lillo, de común acuerdo con Juan José Medina Esteban y Miguel Gallego Blanca. "Estos dos últimos habrían votado a favor de la resolución municipal, a pesar de que conocían que dichas fincas habían sido vendidas anteriormente", remarca el magistrado, un hecho que niegan los acusados.

Además del supuesto delito de estafa, el juez instructor manifiesta que "en el presente caso los cargos públicos que hubieran autorizado la constitución de hipoteca sobre unas parcelas previamente vendidas, con conocimiento de dichas enajenaciones anteriores, podrían haber incurrido en una decisión arbitraria, manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. Por ello, podría concurrir indiciariamente en el presente caso un delito de prevaricación". Así, del posible delito de prevaricación serían responsables penalmente Juan José Medina Esteban y Miguel Gallego Blanca, al tratarse de "cargos públicos que habrían votado autorizar la constitución de hipoteca sobre dichas parcelas, a pesar de que conocían que habían sido vendidas".