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Víctor Almor, cuando era concejal de Hacienda y Personal antes que lo destituyera Octavio Herranza. FOTO EPDAEl ex secretario municipal de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, imputado en la causa de la trama de las asesorías y condenado a dos años de cárcel en un juicio junto a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, ha involucrado en un escrito presentado al juzgado de instrucción número 12 de Valencia a Víctor Almor, concejal de Personal y Hacienda con firmada delegada en la época en la que se investiga el presunto caso de corrupción, vinculado a la Academia Valenciana de Juristas, un 'chiringuito' dirigido por Sancho siendo éste secretario del Ayuntamiento y cuyos concursos negociados sin publicidad fueron amañados para que ganase la empresa que él dirigía.
En dicho escrito el procurador de Sancho asegura que Víctor Almor es ''más que presuntamente inocente de los inexistentes delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos'', nombrándolo junto a los dos ex alcaldes también investigados, Amparo Mañó y Octavio Herranz, y al actual, Leandro Benito, quien en la causa aparece sólo como testigo.
Curiosamente, Sancho nombra a Víctor Almor cuando éste todavía no aparece en la causa, en una estrategia por involucrarlo en la misma.
Aprovecha el condenado Sancho para criticar a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Valencia (UOPJV), a la que recomienda que ''en vez de perder el tiempo en todas las inútiles diligencias practicadas durante dos años, con evidente retraso y daño a la justicia y a muchas personas (...), tenían que haber ido a cada uno de los juzgados indicados en cada una de las facturas a deducir testimonio''. Se refiere Sancho a los encargos realizados por el Consistorio a la Academia Valenciana de Juristas y a quién paga las facturas a la AVJ, señalando a ''Amparo Mañó, Víctor Almor, Octavio Herranz y Leandro Benito'' y nombrando como letrados a José Ramón Llopis Cotanda, Juan Jesús Gilabert y José Ignacio Maruenda. Éste último también se embolsó 12.000 euros en un año por un supuesto asesoramiento a inmigrantes.
