Blasco ha insistido en que no son ciertas las afirmaciones que hicieron los otros imputados tras haber llegado a un acuerdoEl exconseller del Gobierno valenciano Rafael Blasco (PP) ha hecho uso este viernes de su derecho a la última palabra en el juicio de la tercera pieza del caso Cooperación -que ha quedado visto para sentencia- para reivindicar su inocencia y atribuir a los técnicos cualquier irregularidad en las contrataciones cuya ilegalidad se cuestiona.
En este proceso, el Ministerio Público pide dos años y ocho meses de cárcel para Blasco por amañar entre 2008 y 2011 al menos siete contratos de servicios informáticos por un importe total de algo más de un millón de euros.
El resto de procesados, el exjefe de servicio de Informática de la Conselleria Javier Murcia, el empresario Augusto César Tauroni y la ex secretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán han llegado a un acuerdo con el fiscal y han confesado sus responsabilidades.
Por el contrario, Blasco ha insistido en que no son ciertas las afirmaciones que hicieron los otros imputados tras haber llegado a un acuerdo. "A Murcia no le conocí personalmente más que probablemente en una reunión multitudinaria. Nunca crucé una sola conversación con él", ha asegurado.
Respecto a Tauroni, ha insistido en que no mantuvo ninguna entrevista con él, ni hay dato alguno que lo demuestre; y sobre Sanjuán ha dicho que ella "sabe perfectamente que nunca le hubiera sugerido o indicado la menor cuestión que rozara ni una irregularidad ni infracción administrativa".
Su letrado, Javier Boix, ha reclamado la nulidad del proceso, por considerarlo "cosa ya juzgada", ha advertido de que no se puede acusar al exconseller de coautor e inductor de los delitos al mismo tiempo y ha subrayado que los precios por los que se adjudicaron los contratos "fueron de mercado, así que no hay perjuicio económico alguno".
El Tribunal Supremo condenó al exconseller y exdiputado del PP a seis años de cárcel en junio de 2015 por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, cometidos al haber desviado fondos de ayuda destinados a Nicaragua. También condenó al empresario Augusto Cesar Tauroni, y a la ex secretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuan, a la misma pena de seis años.
El 15 de junio de 2015 Blasco ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia); el 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado penitenciario, por lo que desde entonces lleva un régimen de vida en semilibertad.
Si se produjeran nuevas condenas, este régimen de semilibertad se podría ver afectado, porque dado que ya tiene antecedentes, el cumplimiento en prisión de las nuevas condenas no podría suspenderse, según han explicado fuentes jurídicas.
Los contratos por servicios informáticos que se juzgan ahora fueron adjudicados a empresas, que luego subcontrataban con firmas vinculadas al empresario Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.
Prácticamente desde todos los departamentos que ocupó con los gobiernos de la Generalitat del PP, Blasco adjudicó contratos al empresario Augusto César Tauroni, considerado como el máximo responsable de la trama organizada en torno a las ayudas a la cooperación internacional malversadas entre 2008 y 2011.
