El exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa, Marcos Benavent, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE-Manuel Bruque-Archivo
El responsable de la investigación de la UCO de la Guardia Civil en el supuesto amaño del centro de atención telefónica o 'call center' de Imelsa asegura que el exsuegro del exgerente de esa empresa pública y autodenominado 'yonqui del dinero' cobró 200.000 euros de Servimun, la empresa finalmente adjudicataria.
En el juicio de esta pieza del caso Imelsa que se celebra en la Audiencia de Valencia, este agente ha explicado cómo los funcionarios procesados relataron en varios correos las presiones que sufrieron para la adjudicación del servicio del 'call center' y cómo las trasladaron a varios miembros de la mesa de contratación para advertirles de que no podían cuestionar las bases o las "reglas del juego", como las llamaron en estos escritos.
A juicio de la Guardia Civil, la oferta que presentó Servimun a Imelsa para hacerse con este contrato era "incluso antieconómica", con una serie de mejoras inabarcables para la empresa, como se demostró posteriormente con sucesivos incumplimientos.
"Servimun ofertó 12.000 horas de formación, cuando el resto de ofertas incluían apenas 3.000. Realmente, la poca formación que hubo la pagó Imelsa. Además, se ofrecieron a atender 1,5 millones de llamadas, el triple que el resto de ofertas, y se llevó de nuevo la máxima puntuación en este punto, pero en la ejecución del contrato se detectó que se dejaban muchas llamadas sin atender", ha explicado este agente.
Según su testimonio, "las deficiencias empezaron a aflorar a finales de 2015, cuando se hizo responsable del contrato a -la jefa de Recursos Humanos de Imelsa- María Escrihuela", a finales de ese año Imelsa comunicó a Servimun que el contrato se iba a cancelar y fue entonces cuando el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, se comunicó con el entonces diputado de Hacienda -hoy presidente de la Diputación-, Toni Gaspar.
"Mariano López nos dijo inicialmente que no tenía relación alguna con Servimun, pero constatamos que sí, que tenía participación en el devenir de la empresa, que representó sus intereses ante la administración en reuniones informales y que también obtuvo unos 200.000 euros de esta empresa, primero con transferencias a una cuenta de su mujer y después con ingresos a una empresa que estaba siendo administrada por su cuñada", según el agente de la UCO.
También ha recordado este investigador que el propio exgerente de Imelsa Marcos Benavent, en una de sus primeras declaraciones, cuando colaboraba con la Justicia, explicó que Servimun se hizo con este contrato por los vínculos de Mariano López con la cúpula de la Diputación.
Los letrados de las defensas han preguntado a este agente si es habitual colocar a algún familiar como administrador en una empresa cuando alguien quiere ocultar ingresos, a lo que el guardia civil ha respondido que, por su experiencia, así es. "La persona que necesitamos ha de ser de la máxima confianza, es habitual", ha añadido.
Posteriormente ha sido interrogada, también en calidad de testigo, la que fue responsable de Recursos Humanos de Imelsa María Escrihuela -procesada en otra de las piezas de esta macrocausa, que ya fue juzgada y que está a la espera de sentencia-.
A preguntas del fiscal ha explicado que cuando la nombraron responsable del contrato del 'call center' empezó a detectar que no se cumplía de forma correcta, por lo que reunió por escrito todos los incumplimientos que observó y planteó la posibilidad de minorar el precio del contrato.
Sobre este asunto, ha explicado, mantuvo varias reuniones con Marcos Benavent: "Me dijo que si había irregularidades, que siguiese adelante, hasta el final, para que se cumpliese el contrato".
Tras hablar con Benavent, ha añadido, fue convocada a una reunión en la Diputación de Valencia con el entonces presidente, Alfonso Rus, su jefe de gabinete, Emilio Llopis, el propio Benavent y otros altos cargos.
En esa reunión, según Escrihuela, expuso todas las irregularidades detectadas en el servicio del 'call center', entre ellas el hecho de que se quedaban "unas 11.000 llamadas sin atender", un hecho ante el que Rus reaccionó diciendo que "igual alguien llamaba 11.000 veces". "Me llamó la atención esa respuesta", ha confesado esta testigo.
"No lo entendí como una broma entonces; ahora que veo en medios sus respuestas a los periodistas, pues entiendo que podría haberlo sido", ha aclarado posteriormente a preguntas de las defensas.
