El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE- Ana Escobar-Archivo
El fiscal anticorrupción mantiene en su informe final las peticiones de condena para el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (8 años de prisión) y el exgerente de Imelsa y autondenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent (4,5 años) por el amaño del contrato de atención telefónica o 'call center' de Imelsa.
Para otro de los principales acusados, el exsuegro de Benavent, Mariano López, el fiscal ha propuesto una rebaja de 13 a 7 años y 3 meses de prisión, y para sus dos familiares, procesados por blanqueo de capitales, de 5 a 3 años; mientras que para los dos funcionarios de la Diputación imputados se mantiene la petición de condena de 6 años.
El tercer juicio de la macrocausa conocida como Imelsa ha afrontado este jueves su fase final, con las conclusiones de las partes y el informe final del fiscal, al que le seguirán los de las defensas a partir del próximo jueves, 1 de junio.
Los hechos juzgados se produjeron entre 2013 y 2016, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia -posteriormente denominada Divalterra-, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención telefónica y telemática ('call center') a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
Según la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa adjudicataria del contrato recibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros, de los cuales cerca de 200.000 acabaron en cuentas controladas por el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López.
En su informe final, el fiscal Pablo Ponce ha insistido en que Marcos Benavent, en sus declaraciones iniciales, "hizo una radiografía" de los sucedido, de modo que "se ha traído a juicio únicamente lo que se ha podido probar".
"A Benavent se le preguntó su sabía algo más de contratos amañados y nos habló de Servimun. Nos dijo que fue un regalo, un favor que le hizo Alfonso Rus a Mariano López, porque era su amigo y, al parecer, no iba muy allá de dinero", ha detallado.
Según el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, "Rus le dijo a Benavent que atendiese a Palomares -propietario de Servimun- y a Mariano López, y se puso en marcha la maquinaria administrativa. Esto no fue una adjudicación bajo precio, sino que fue un favor que pidió Mariano López a Rus".
"Benavent dijo la verdad, como comprobó la UCO documentalmente hubo maniobras para amañar el contrato y Mariano López se lucró del mismo", ha añadido Ponce.
En su relato, ha subrayado el hecho de que Alfonso Rus era tanto presidente de la Diputación de Valencia como de la sociedad pública Imelsa. "Él nombró a Marcos Benavent como gerente y a Salvador Deusa (funcionario de la Diputación, también procesado) como consultor. Podemos decir que controlaba Imelsa a través de sus órganos directivos, y también dirigió la encomienda de gestión para el servicio de atención telefónica".
En este contrato, "Imelsa puso todo salvo las teleoperadoras, que supusieron un gasto de 10.000 euros mensuales. El resto lo hicieron, o bien técnicos de la Diputación, o bien de Imelsa, porque Servimun carecía de medios materiales, personales y técnicos".
"Los fondos públicos se han de emplear para un fin, y si no es para ese fin es malversación. Es indistinto que el lucro sea propio o ajeno -ha asegurado el fiscal en referencia a las maniobras administrativas para la adjudicación-, se castiga la salida de fondos públicos para un destino ajeno al fin inicial".
Respecto al lucro obtenido por Mariano López, el fiscal ha insistido en que este empresario "creó la empresa Técnicas Legales Administrativas el mismo año en que Imelsa adjudicó el 'call center' a Servimun, y empezó a recibir fondos de esta firma cuando Servimun cobró de Imelsa".
"La sociedad carecía de actividad, proveedores y empleados. Su única actividad económica fue la que se materializó a través de talones o tarjetas de crédito. No tuvo gasto alguno, cosa ilógica en una operativa comercial normal. Incluso la Seguridad Social nos dice que la empresa no está en su base de datos", ha señalado el fiscal.
