El IBI no ha sido aumentado para este Plan, ni ningún otro impuesto. En todo momento se mantiene los ingresos aprobados en 2010 por el PP y Mamen Peris, hoy en UPPA.
En la legislatura pasada el gobierno del Partido Popular pidió la revisión de los valores para poder afrontar su Plan de Saneamiento y se está aplicando la subida tal como la norma dice, repartida en 10 años
Tanto el PP, como la portavoz de UPPA impidieron a este gobierno subir el coeficiente del IAE, que sólo pagan unas pocas grandes empresas y bancos de Alboraia, y es el más bajo que todos los pueblos de alrededor, ya que se aplica un coeficiente únicamente del 1. Esa subida hubiese propiciado una bajada del coeficiente del IBI por compensación.
El equipo de gobierno debe aprobar el Plan en Junta de Gobierno porque lo permite la ley aprobada por el PP y se lo exige el gobierno del Partido Popular. El ministro Montoro aprobó la medida para que los ayuntamientos endeudados no pudiesen evitar hacer los planes de saneamiento que les exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria alegando falta de mayoría en el Pleno.
Alboraia se acoge a esta medida para cumplir la ley y evitar medidas sancionadoras que perjudicarían a los vecinos o incluso una intervención del Ayuntamiento que desembocaría en una pérdida de servicios y la subida de tasas e impuestos al máximo permitido por la ley para sufragar el déficit, tal como marca la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, destaca la incongruencia que supone que tanto la portavoz de UPPA, como el PP, causantes de la deuda acumulada en Alboraia, intenten impedir la aplicación de una norma que ha aprobado el mismo Partido Popular.
El interventor del Ayuntamiento de Alboraia destaca en su informe que las medidas posibles ya han sido tomadas, no en vano se han ajustado todos los gastos y ya se mermó en el ejercicio anterior la plantilla del Consistorio a niveles mínimos para mantener los servicios imprescindibles.
En esta legislatura se han reducido empresas y fundaciones, quedando únicamente la empresa EGUSA
Además la gestión de parte del patrimonio municipal, que se le cedió en su momento, de las zonas de aparcamiento, vallas publicitarias, etc. que se han actualizado y regularizado esta legislatura, le permite tener ingresos y pagar los préstamos concertados en legislaturas anteriores que pagan las hipotecas concertadas para construir edificios como la central de Policía y Emergencias o el Centro de día, o el campo de fútbol.
No es cierto que EGUSA genere deuda nueva de ningún tipo, al contrario se está reduciendo la deuda. Además, a través de su plan de empleo, se le da trabajo a parados de larga duración con riesgo de exclusión, en coordinación con los Servicios Sociales, en brigadas de apoyo a la limpieza de playas, de parques, etc. todos los veranos.
Sus consejeros cobran por asistencias, igual que los concejales tanto del gobierno como la oposición y la misma cantidad que todos los concejales cobran por asistir a las comisiones.
En cuanto a la venta de inmuebles, se refiere a bajos comerciales, tasados por una empresa independiente, y que son perfectamente vendibles por sus moderado precio. No sería lo mismo intentar vender, por ejemplo, el edificio de EGUSA, como ya intentó la portavoz de UPPA, al inicio de la legislatura, debido a su alto precio de aproximadamente 4 millones de euros.
Durante esta legislatura se han alquilado bajos comerciales, se han sacado concesiones administrativas y rentabilizado en lo posible parte del patrimonio. Ahora procede vender algunos inmuebles para salir del déficit y si van mejorando los ingresos por la mejora económica, moderar también los impuestos.
Por otra parte ningún grupo político ha cobrado la subvención correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 o 2014, y ningún cargo político tiene sueldo fijo, ni pagas extra, ni se paga por ellos seguridad social. Tampoco se pagan dietas o cursos a los políticos, hasta el punto que las comidas oficiales de la Corporación del día del patrón o de Navidad se las paga cada político de su bolsillo.
