Reclamación Montealcedo.El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria acumula ya el pago de hasta 6'4 millones de euros correspondientes a las sentencias judiciales y deudas financieras heredadas de la época gestionada por el Partido Popular al frente de la administración local, fijada entre los años 1995 y 2015. Esta cantidad puede alcanzar, sin embargo, los 42 millones de euros en materia de "riesgo financiero" sobre obligaciones y futuros litigios judiciales.
El actual gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, CompromÃs y Esquerra Unida- ha tenido que afrontar los débitos y los fallos jurÃdicos sobre diversos conflictos y litigios entre el ayuntamiento y las personas fÃsicas y jurÃdicas. Desde el principio de legislatura, el consistorio local ha tenido que satisfacer deudas, préstamos y obligaciones en diversos departamentos municipales.
La primera de las obligaciones correspondÃa a los 2'3 millones de euros que debÃa el ayuntamiento en virtud del préstamo que en su dÃa solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago a los proveedores. De los 3'8 millones percibidos para tal fin, a finales de 2015 se abonaron los 2'3 millones de euros que aún faltaban para satisfacer la totalidad del préstamo bancario.
A los 2'3 millones del préstamo que se pagaron durante el primer año de gestión de esta legislatura hay que añadir los cerca de 1'8 millones que se han abonado en virtud de las deudas y las distintas sentencias que se han producido hasta el momento por litigios con diversos particulares.
La compensación por la ocupación de terrenos de particulares para construir o llevar a cabo infraestructuras municipales ocupan el grueso de las reclamaciones judiciales a las que el ayuntamiento se ha visto obligado a afrontar. Entre ellas cabe destacar los 879.000 euros que ha abonado a cuenta de los 6'7 millones de euros -según dictamen del TSJ- que una familia reclama por el suelo de Paretotes.
La ocupación de los terrenos donde actualmente se asienta el campo de fútbol figura entre una de los de mayor desembolso económico que se ha atendido desde el comienzo de la legislatura, con una cifra total de 300.000 euros. Cabe recordar que el anterior ejecutivo local acordó con los dueños una compensación urbanÃstica a cuenta del futuro desarrollo del plan del Calvari.
Otros de los pagos que ha abonado durante este último año han sido los algo más de 60.000 euros que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha abonado a los antiguos propietarios donde se construyeron los depósitos de agua potable destinados a dar servicio a los habitantes la localidad. El anterior gobierno del PP acordó con los dueños de los terrenos el pago en metálico o su compensación con otros resultantes de la futura actuación urbanÃstica prevista en la zona.
La reclamación de la Diputación de Valencia es una de las que mayor volumen que el Ayuntamiento de Riba-roja ha tenido que abonar desde el principio del actual mandato con un total de 575.865 euros correspondientes a los ingresos que el ejecutivo encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, no realizó en la cuenta del organismo provincial en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) entre los años 1999 y 2014.
Otra sentencia judicial ha obligado al pago de 46.260 euros por parte del ayuntamiento a la sociedad general de autores y editores (SGAE) por la emisión de obras artÃsticas y música sin la correspondiente autorización de esta entidad que se llevaron a cabo entre los años 2007 y 2015. El fallo de los magistrados concluye que la administración local consintió la emisión de música sujeta a derechos de autor.
El último de los pagos que deberá satisfacer el consistorio lo constituye la sentencia del TSJ sobre el proceso de adjudicación del servicio de agua potable por parte del Partido Popular en el año 2012. La sentencia obliga a volver a sacar a concurso público este servicio y, por tanto, indemnizar a la actual concesionaria con los 2'3 millones de euros por las obras de modernización y mejora que ha realizado en la red de agua.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado "el pago de una cantidad desorbitada por parte del ayuntamiento por la deficiente gestión que durante tantos años ha realizado el Partido Popular sin tener en cuenta los intereses generales de los ciudadanos y que ahora estamos pagando y, por tanto, detrayendo de otros servicios o conceptos a los que podrÃamos destinar esta cantidad de dinero".
Los 6'4 millones se podrÃan ampliar a medio y largo plazo con el riesgo financiero pendiente de dictaminarse, como los 25 millones de euros que reclama el Valencia por la anulación del PAI de Porxinos, los 2'7 millones que solicitan los propietarios del Barranc de les Monges o los 2'2 millones de euros que una empresa que se incendió en el polÃgono industrial reclama por la falta de ejecución de un plan urbanÃstico.
