Papel SalamancaSegún exponía Mulet en su pregunta " El 26 de abril del 1938 los golpistas creaban a la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, encargada de requisar toda la documentación de organismos republicanos, partidos, sindicados, 'desafectos al Movimiento nacional y que sean susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos'. Entre 1938 y 1943 hay constancia que, al menos, ocho vagones de ferrocarril con más de 80 toneladas de documentos, libros y revistas fueron enviados desde Vinaròs, Castelló, Valencia y Alicante hacia el Archivo de Salamanca. Decenas de ayuntamientos valencianos sufrían el expolio de sus papeles (Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l'Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, San Juan de Moro, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, Valencia, Vilafamés, Vilafranca, Vila- real, Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Chiva, a particulares, entidades políticas y sindicales.) documentación toda esta que sirvió en muchos casos para condenar a muerte a miles de personas o reprimirlas brutalmente, y que a día de hoy, la documentación referente a ayuntamientos pueblos, entidades e instituciones valencianos continúan secuestrados , al contrario de lo que ha pasado con otros que han podido conseguirlo, continúan en Salamanca, lejos de sus legítimos propietarios".
En la misma pregunta se argumenta que "La restitución parcial que ha obtenido Catalunya, a pesar de ser obviamente legítima y un precedente al cual acogerse, no puede provocar ahora un agravio comparativo y el Gobierno Central no puede estar a la espera de peticiones parciales para devolverlo no a sus legítimos propietarios la documentación robada, puesto que la actual situación acaba legitimando esta realidad y convirtiendo la actual administración como heredera de la dictadura. El 17 de mayo del 2004 las Cortes Valencianas, por unanimidad, en una comisión, con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Popular, aprobó solicitar la devolución de los papeles valencianos requisados en Salamanca, petición que se hacía amparándose en el que dice la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Desgraciadamente este trabajo no dio ningún fruto. Según los historiadores y especialistas, hasta 80 toneladas de papeles valencianos se amontonan en Salamanca, varios documentos que afectan en ayuntamientos, entidades, particulares. Actualmente, si cualquier persona o historiador quiere acceder a esa información, para estudiarla o leerla, tiene que desplazarse en Salamanca
Por ello Mulet pedía en su pregunta al Gobierno, que medidas para retornar los papeles valencianos secuestrados en Salamanca.
LA respuesta dada ahora por el Gobierno no da lugar a dudas "En relación con la información solicitada, se indica que la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que ha posibilitado la restitución de documentos y otros bienes a personas físicas y jurídicas de naturaleza privada con residencia o domicilio, secciones o delegaciones en Cataluña, incluyó en su disposición adicional primera la posibilidad de restitución de los documentos y otros bienes incautados a personas naturales o jurídicas de carácter privado de otras comunidades autónomas. Concretamente, estableció que "La restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las comunidades autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca y de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 5." Para desarrollar la citada disposición adicional primera, el Gobierno aprobó el Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, publicado en el BOE de 10 de enero de 2009. Mediante este Real Decreto, los particulares de la Comunidad Valenciana y del resto de comunidades del Estado español que hubieran sido víctimas de incautaciones de documentos y otros bienes como consecuencia de la Guerra Civil hubieran podido recuperar dichos bienes. Sin embargo, transcurrido el plazo establecido en el articulado del mismo, la única comunidad autónoma que se personó en el procedimiento en tiempo y forma fue la Comunidad Autónoma del País Vasco, no habiéndose, por tanto, recibido comunicación alguna por parte de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, una vez concluido el plazo establecido en la norma, la restitución que se plantea no resultaría actualmente procedente, ni tendría cobertura normativa, toda vez que en enero de 2010 concluyó el plazo de solicitud que reguló el citado Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre.
Para Mulet "
Compromís ha anunciado que esta es simplemente la primera de muchas acciones políticas al respecto.
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