El Gobierno local se querella contra el ex alcalde Peralta (PP) por presunta ''prevariación continuada''

El urbanismo centra la actualidad política de La Pobla de Farnals, principalmente en los últimos años. Desde que José Manuel Peralta (PP) ganara las elecciones municipales, las denuncias y querellas se han multiplicado. De hecho, según ha podido saber EPDA, el actual equipo de Gobierno local, formado por 5 concejales, con el apoyo de dos ediles socialistas, han presentado una querella contra Peralta por  ''presunta prevaricación continuada''. La querella, que ha sido presentada pero todavía no ha sido admitida a trámite, considera que Peralta actuó al margen de la ley presuntamente cuando contrató al bufete de Abogados Broseta para realizar una serie de auditorías urbanísticas sobre la gestión del gobierno socialista bajo el mandato de Josep Vicent Sanchis.

Según los querellantes, quienes tendrán que demostrar sus acusaciones ante la justicia, se realizó al margen de la ley, como lo prueba, recuerdan, una reciente sentencia que le recrimina que no se puede contratar con los informes contrarios de la secretaria municipal y la interventora.

Por ello, ahora solicitan que Peralta devuelva 33.000 euros a las arcas municipales por la vía penal, aunque sea con sus bienes personales, han señalado a EPDA fuentes próximas a los denunciantes.

La querella es una más de las muchas que se han ido interponiendo los concejales de la Corporación de La Pobla, sobre todo después de que prosperara la moción de censura, que ha creado grandes enemigos dentro del hemiciclo y, casi siempre, con el urbanismo como gran tema de fondo.

De hecho, en este sentido, señalar que después de que la Policía Judicial interviniese durante casi tres horas el Ayuntamiento hace unas semanas, a raíz de la denuncia de un vecino que sospechaba de que no se habían ingresado en las arcas municipales 600.000 euros procedentes de los excedentes de aprovechamiento del suelo de dos manzanas del núcleo de la playa de La Pobla, la 19 y la 23, se ha sabido que hace unos días un miembro de la Policía Judicial, enviado por el fiscal, ha solicitado las cuentas del Consistorio de 2005 a 2010.
Fuentes próximas a los miembros del anterior gobierno local están tranquilos porque todo el desarrollo urbanístico se hizo basándose en los informes de los técnicos y están convencidos de que ese dinero se ingresó correctamente.

Hasta la fecha son ocho las personas investigadas, pero todavía no están imputados formalmente.