El president de la Generalitat, Ximo Puig, saluda al conseller de Hacienda, Vicent Soler, junto a, Mónica Oltra. EFELa Generalitat y el Gobierno central han llegado a un acuerdo sobre las discrepancias mostradas por este último a varios artÃculos de las leyes valencianas de Presupuestos y de Acompañamiento para este año, con lo que queda cerrada la controversia y ambas normas no serán recurridas al Tribunal Constitucional.
El Diari Oficial de la Generalitat y el BoletÃn Oficial del Estado publican este miércoles los dos acuerdos alcanzados en la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat sobre ambas normas.
En la ley de Presupuestos, el Gobierno discrepaba de una disposición adicional que fijaba que la inclusión de cláusulas de pago aplazado del precio en los contratos de la Generalitat exigirá un informe preceptivo y vinculante de la Conselleria de Hacienda.
La controversia se ha resuelto con el compromiso de la Generalitat de promover la correspondiente iniciativa legislativa para adaptar el contenido de esa disposición y que de manera expresa recoja que esta se dicta "sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica".
En la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos, el Ejecutivo central discrepaba de tres artÃculos, referidos a las modificaciones legislativas sobre la contaminación acústica, la Huerta de València y la ley de Ordenación del territorio.
En el artÃculo sobre la protección contra la contaminación acústica, la Generalitat se compromete a incluir, con la máxima celeridad posible, una nueva disposición adicional que indique que en el caso del ruido ocasionado por el funcionamiento de las infraestructuras competencia del Estado se aplicará la ley del ruido y la normativa reglamentaria estatal de desarrollo.
En el artÃculo sobre la Huerta de València, ambas partes consideran que los informes preceptivos relativos a usos y actividades que se establecen con carácter previo a las licencias que los autoricen no se refieren a los proyectos de infraestructuras de transporte de competencia estatal, sin perjuicio de que sean de aplicación los principios de colaboración y cooperación a tales proyectos.
En el caso de ley de Ordenación del territorio sobre los estudios ambientales y territoriales estratégicos, la Generalitat se compromete a modificar la redacción del artÃculo sobre consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.
La redacción actual señala que se someterá el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas y "personas, asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan pronunciado o aportado sugerencias en la fase previa a la redacción del plan o programa", y en la pactada se indicará que se someterá a las administraciones públicas afectadas "y personas interesadas".
