El Gobierno de España se ha comprometido a ampliar hasta 500 los efectivos de la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como estaba previsto en el convenio firmado en 2006.
Según ha señalado la delegada este compromiso "estaba bloqueado" desde octubre de 2007, "pero se ha dado solución, gracias a la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy", por lo que –según ha dicho Sánchez de León- "se ha demostrado que la seguridad es una prioridad al margen de cualquier otro interés".
La delegada, que ha comparecido en rueda de prensa con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, para informar sobre la reunión mantenida ayer entre el responsable autonómico y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha indicado que decisiones como ésta ponen de manifiesto que "la seguridad es una de las prioridades del Gobierno".
Además, según ha añadido, para que esa seguridad se realice "con toda la eficacia" es necesaria "la colaboración absoluta entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómica y locales". Esa será "una de nuestras prioridades" y "con estos nuevos efectivos y con esa colaboración se incrementarán y mejorarán los esfuerzos y los resultados", ha indicado Sánchez de León.
Para llevar cabo la ampliación de efectivos, en breve se pondrá en marcha el Tribunal de Selección con el objetivo de que antes del verano lleguen los primeros 80 o 90 policías a esta unidad autonómica. El compromiso es que durante el segundo semestre se aumente la plantilla hasta alcanzar los 500 efectivos acordados en su momento y que a día de hoy es de 315, al no haberse cubierto las bajas, ni haber incorporado nuevos efectivos desde 2007.
Este incremento permitirá la puesta en marcha la Comisaría de Vall d´Alba en la que, además de efectivos de la unidad adscrita que darán cobertura a municipios pequeños de la Plana Alta, habrá un servicio de DNI de la Policía Nacional.
La delegada y el conseller de Gobernación volverán a reunirse el próximo martes para analizar entre otras cosas, los recursos de inconstitucionalidad planteados por el anterior Gobierno central, la situación de los chiringuitos y las prospecciones petrolíferas.
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